La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este jueves que apelará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) e iniciará una carpeta de investigación contra el Juez de Control, Aquiles Villaseñor, quien dictó el auto de no vinculación a proceso de Ramón “S”, excolaborador de Rosario “R”, también implicado en la llamada “estafa maestra”.
La FGR aseguró que durante la audiencia en la que el juez exoneró al imputado, no se tomaron en cuenta las argumentaciones de su representación ministerial, para iniciar el proceso penal correspondiente.
También el agente del Ministerio Público, agregó, le comunicó al juez la preocupación de la fiscalía respecto de su indebida interpretación de la Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados, y que era contraria a las muchas determinaciones emitidas por sus homólogos en casos similares, donde sí se vinculó a proceso a los imputados.
La Fiscalía acusa que pese a ello, no hubo una respuesta fundada y motivada del juez, manifestando únicamente al final de la audiencia, que ojalá y pronto los magistrados de circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras.
Ante esta respuesta, que de acuerdo a la FGR ofende el derecho y la recta impartición de justicia, se dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que correspondan.
Además de que iniciará de inmediato una carpeta de investigación, sobre “delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, fundamentalmente, en lo que se refiere a responsabilidades específicas de carácter penal aplicables al caso”.
En la audiencia de referencia, el Juez de Control con residencia en el Reclusorio Sur, Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó auto de no vinculación a proceso de Ramón “S, como presunto responsable del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por la supuesta firma de un contrato ilegal por 203 millones de pesos durante la llamada “estafa maestra”.
El juez federal determinó que no existían elementos para procesar al exjefe de oficina en la Sedesol y Sedatu, durante la gestión de Rosario “R”, en el sexenio peñanietista.
De acuerdo con la resolución del impartidor de justicia, no se acreditó el hecho establecido en la ley como, delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto en el Código Penal Federal.