La Fiscalía General de la República rechazó que este ejerciendo una persecución política contra Ildefonso “G”, secretario de Economía en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, vinculado ayer a proceso por un juez federal , como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito, al no comprobar el origen de más de 8 millones de pesos en una de sus cuentas bancarias.
En un comunicado, la FGR consideró que el señor Ildefonso “G”, y su abogado han llevado a todos los medios, sus criterios y justificaciones, sobre el asunto penal que ambos enfrentan; y ante lo cual, asegura, la Fiscalía se adhiere a esa transparencia en el proceso judicial que la ley autoriza y que solo el poder judicial puede limitar.
Remarcó que son absolutamente falsas las afirmaciones del empresario y de su abogado, en el sentido de que el caso “huele a persecución política”, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas; ya que la denuncia de este asunto la presentó la secretaría de la Función Pública Federal, ante la FGR, el 12 de octubre de 2020.
Debido a ello, agregó, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, integró la carpeta correspondiente, dándosela a conocer al acusado desde el pasado 8 de marzo, otorgándole acceso a todas las pruebas aportadas, de manera permanente, hasta el día de la audiencia sobre el caso.
La FGR detalló que la acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos, cantidad que él afirma, que proviene del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana.
Y que, al respecto, él entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen.
La fiscalía afirmó que ha solicitado a Ildefonso “G” demostrar el origen de esa inconsistencia, sin que lo haya hecho hasta el momento, y ante tales circunstancias, la única opción de, fue llevar la carpeta de investigación ante el juez de control, para la judicialización del caso.
Precisó que en la misma audiencia, el mismo juez volvió a dar la oportunidad, al ex titular de economía, para que aportara las pruebas referidas y para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente, pero que el acusado no tomó ninguna de las dos opciones.
La FGR sostuvo que si después de estas opciones y cuatro meses para demostrar su inocencia, ahora las pruebas que debió entregar al Ministerio Público o ante el juez de control, las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política, dicha estrategia, caerá por su propio peso, y se demostrará cuál es la verdad sobre el particular.
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