Los fideicomisos, que por muchos años existieron bajo el amparo de la opacidad y la corrupción, están a punto de llegar a su fin.
- El 2 de abril de este año, el Ejecutivo Federal publicó el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Y esta determinación está a punto de hacerse efectiva.
A pesar de las denuncias por corrupción que por años se documentaron, nunca se hizo nada en otros sexenios contra la opacidad en el manejo de estos recursos.
- Por ejemplo, en 2014 la organización “México social” publicó que, de 2000 a 2005, la Auditoría Superior de la Federación realizó 127 auditorías a los ingresos del sector público por casi 2 billones de pesos. Y en 2008 la Auditoría Superior identificó 13 grandes áreas de opacidad y riesgo, entre las cuales se encuentran los donativos y fideicomisos.
Por ejemplo, en el caso de los fideicomisos para el desarrollo regional, se puso de manifiesto la magnitud de su opacidad. En tan sólo una década incrementaron su presupuesto en un cifra escandalosa: más de mil 700%. Esto es 17 veces más.
- Pasaron de 15 mil 269 millones, en 2001, a 256 mil 592 millones disponibles para 2011.
Explicó que, al ser insuficientes y débiles las normas reglamentaria para los donativos, se propiciaba la laxitud en el otorgamiento y manejo de los recursos públicos.
El cambio de gobierno hizo posible evidenciar el lodo que envolvía estas prácticas del pasado. Son las propias dependencias del Gobierno de México las denunciantes.
- De los 109 que se propone eliminar, 65, el 60%, eran manejados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, durante el sexenio pasado. Y generaron gastos operativos millonarios que van desde 100 mil hasta 10 millones de pesos cada uno. Así lo ha reportado María Elena Álvarez Buylla.
Fíjense ustedes que nos encontramos en Conacyt este absurdo. Solamente para un programa que implicaba transferencias al sector empresarial, el llamado PEI, se transfirieron cerca de 18 mil millones de pesos, esto en contraste con lo que se aportó en todo el sexenio pasado a la ciencia básica, menos de 3 mil millones de pesos”, señaló, María Elena Álvarez-Buylla, directora general de Conacyt.
Así, de 2013 a 2018, el Conacyt transfirió más del 40% de los recursos públicos al sector privado a través de estos fideicomisos.
Una práctica que puso al descubierto el modus operandi del neoliberalismo en detrimento del sector público.
En el gobierno pasado, en el neoliberalismo de varias décadas, el gobierno federal estuvo desviando recursos públicos para proyectos privados sin que privara, un proyecto de estado y mucho menos prioridades de bienestar social o de cuidado ambiental”, María Elena Álvarez-Buylla, directora general de Conacyt.
La Función Pública ha jugado un papel relevante en el desmantelamiento de estas prácticas corruptas.
De hecho, la secretaria Irma Eréndira Sandoval acusó que, incluso antes de ser secretaria de estado, en 2007 ella puso el dedo en la llaga y propuso la eliminación de fideicomisos.
En su libro titulado “El reto de la opacidad financiera”, publicado por la Auditoría Superior de la Federación, Sandoval Ballesteros dio cuenta de los desfalcos.
En el caso de los fideicomisos de aduanas, dice el texto, de 2001 a 2003 la Auditoría Superior detectó que el sistema de Administración Tributaria, SAT, había incurrido en graves daños patrimoniales a través de la operación del fideicomiso 954-8 mejor conocido como “Aduanas 1”, por un monto de 9 mil 347 millones de pesos.
Esto ocurrió a través de la empresa integradora de servicios operativos, ISOSA, establecida el 15 de junio de 1993 a instancia del entonces subsecretario de ingresos, y posteriormente titular de la Secretaría de Hacienda, narra el texto.
- Con lo que respecta al derecho de trámite aduanero, cobro que se hace por los servicios públicos que presta el estado para las operaciones de importación y exportación, Sandoval Ballesteros escribió que en 2001 se detectaron faltantes por 4 mil 561 millones de pesos, en 2002 por 2 mil 200 millones de pesos; y en 2003 por 2 mil 585.9 millones de pesos.
La ahora secretaria de la Función Pública revela en su texto el entramado de corrupción de estos fideicomisos: “ISOSA se utilizó incorrectamente para realizar devoluciones de impuestos a 34 corporaciones que recibieron, de forma irregular, más de mil 220 millones de pesos, aun cuando estas devoluciones no tenían nada que ver con el pago del derecho de trámite aduanero”.
Las negruras de los fideicomisos llegaban hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, como una vil contradicción.
- El texto de Sandoval Ballesteros remarca que en 2003 la Suprema Corte transfirió 3 mil 272 millones de pesos de recursos públicos a varios fideicomisos que les brindaban prestaciones de lujo a los Ministros de la Corte. Al extremo de utilizar esos recursos para el pago de sus pensiones, los servicios médicos de sus familias, y hasta el mantenimiento de sus viviendas.
Y remata. El total de activos de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos reportados en 2003 ascendió a poco más de 662 mil millones de pesos. Pero como no fueron auditados, no es posible precisar el monto de los recursos financieros que éstos administran.
Más recientemente, en 2018, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación alertó sobre los riesgos de los fideicomisos.
En el texto titulado “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”, señaló que hasta hace dos años existían 374 fideicomisos que manejaban recursos por 835 mil 477 millones de pesos, equivalentes a casi el 16% del presupuesto público de ese año. O para dimensionar, lo equivalente a 20 veces el presupuesto para la reconstrucción de los sismos del 19 de septiembre de 2017.
De esos 374 fideicomisos existentes a nivel federal, solo 19 tenían una estructura que permitía su fiscalización y seguimiento.
- No obstante, la situación era aún más oscura y preocupante. Ya que hasta el 2017 al menos 139 de los fideicomisos con recursos públicos estaban constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que más de 69 mil millones de pesos resultaron imposibles de fiscalizar, al estar protegidos por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad.
Y así la lista de opacidades que imperaban en el viejo régimen a través de estos instrumentos que en principio fueron concebidos pero que con el paso del tiempo eran la guarida de delincuentes de cuello blanco.