El Congreso mandata: Todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal deberán extinguirse.
- ¿Por qué? la respuesta es simple. Estos fondos no están obligados a reportar ingresos ni gastos en el presupuesto de egresos de la federación, ni en la cuenta de la hacienda pública federal.
La actual Función Pública ha jugado un papel relevante en el desmantelamiento de estas prácticas corruptas.
- De hecho, la secretaria Irma Eréndira Sandoval, incluso antes de ser funcionaria pública, en 2007, puso el dedo en la llaga y propuso la eliminación de estos organismos.
En su libro titulado “El reto de la opacidad financiera”, publicado por la Auditoría Superior de la Federación, Sandoval Ballesteros dio cuenta de los desfalcos.
En el caso de los fideicomisos de aduanas, dice el texto, de 2001 a 2003 la Auditoría Superior detectó que el Sistema de Administración Tributaria, SAT, había incurrido en graves daños patrimoniales a través de la operación del fideicomiso 954-8 mejor conocido como “Aduanas 1”, por un monto de 9 mil 347 millones de pesos.
Esto ocurrió a través de la empresa integradora de servicios operativos, ISOSA que habría sido utilizada para realizar devoluciones de impuestos a 34 corporaciones que recibieron, de forma irregular, más de mil 220 millones de pesos, aun cuando estas devoluciones no tenían nada que ver con el pago del derecho de trámite aduanero”.
Las negruras de los fideicomisos llegaban hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, como una vil contradicción.
- El texto de Sandoval Ballesteros remarca que en 2003 la Suprema Corte transfirió 3 mil 272 millones de pesos de recursos públicos a varios fideicomisos que les brindaban prestaciones de lujo a los ministros de la Corte. Al extremo de utilizar esos recursos para el pago de sus pensiones, los servicios médicos de sus familias, y hasta el mantenimiento de sus viviendas.
Y remata. El total de activos de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos reportados en 2003 ascendió a poco más de 662 mil millones de pesos. Pero como no fueron auditados, no es posible precisar el monto de los recursos financieros que éstos administran.
- Más recientemente, en 2018, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación alertó sobre los riesgos de los fideicomisos.
En el texto titulado “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”, señaló que hasta hace dos años existían 374 fideicomisos que manejaban recursos por 835 mil 477 millones de pesos, equivalente a 20 veces el presupuesto para la reconstrucción de los sismos del 19 de septiembre de 2017.
De esos 374 fideicomisos existentes a nivel federal, solo 19 tenían una estructura que permitía su fiscalización y seguimiento.
Además, hasta el 2017 al menos 139 de los fideicomisos con recursos públicos estaban constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que más de 69 mil millones de pesos resultaron imposibles de fiscalizar, al estar protegidos por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad.