Tras la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) del caso Ayotzinapa, por parte del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dieron a conocer su postura.
Sobre dicho informe dado a conocer el pasado 18 de agosto, el GIEI expuso que tuvo conocimiento sobre su contenido ese mismo día, cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la Comisión en presencia de autoridades del Gobierno de México.
“El texto completo nos fue entregado a las 9 de la noche del día 18 de agosto de 2022. Si bien saludamos que existan eventuales nuevas revelaciones en el esfuerzo de la COVAJ en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello, debemos insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres”, señaló.
Asimismo, agregó que como GIEI, han recobrado con la COVAJ muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en su informe de marzo de 2022.
“Si bien hemos tenido acceso a la información y productos obtenidos por la comisión, no conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido aún a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”, indicó.
Además, el GIEI expuso que desde el momento de la presentación del informe han solicitado tener acceso no sólo a lo que se incluyó, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información.
De igual manera, pidieron que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía, tanto los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos, ya que eso es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada.
“Una vez tengamos acceso directo a esta información y podamos analizar a profundidad el contenido del informe, compartiremos nuestras valoraciones sobre las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto”, puntualizaron.
El GIEI también enfatizó que no ha participado en la redacción del informe de la COVAJ, no ha señalado presuntos responsables y finalmente, reiteró la importancia de que estos casos avancen en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores, respetando el debido proceso.
“Reiteramos nuestro compromiso con los familiares del caso Ayotzinapa, la sociedad y autoridades de México para coadyuvar a conocer la verdad completa del caso, incluyendo la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos. Insistiendo en la protección al debido proceso”, mencionaron.
Informe del caso Ayotzinapa presentado por Alejandro Encinas
La semana pasada, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer las conclusiones sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre las que subrayó la colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de Gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos, en este caso.
A tres años de trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, Encinas expuso que no hay indicio alguno de que los 43 estudiantes estén con vida, “fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Conclusiones del informe
1.- La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos de Ayotzinapa” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
2.- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
3.- En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
4.- En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
5.- El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
6.- En ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
7.- Que, tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
8.- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
9.- Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en iguala y en Santa Teresa.
10.- Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
11.- Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
12.- Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
13.- Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
14.- No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
15.- Que es necesario continuar con la búsqueda en: la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.
16.- Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.