La Guardia Nacional (GN) en coordinación con el (Centro Nacional de Inteligencia) CNI- Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida en la causa penal 67/2012 en Matamoros, Tamaulipas, contra Alejandro “N”, integrante del grupo delictivo “Los Flacos”, brazo armado del Cártel del Golfo, quien se presume está relacionado en el homicidio de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, en el año 2010.
Personal de la Guardia Nacional llevó a cabo la planeación operativa, para realizar las acciones que llevaron a la localización del lugar donde permanecía Alejandro “N”, lo que permitió su detención, sin efectuar ningún disparo, con estricto apego al Estado de derecho y con absoluto respeto a los derechos humanos y en observancia a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Alejandro “N”, presunto integrante del grupo delictivo “Los Flacos”, brazo armado del Cártel del Golfo; es señalado de participar en el homicidio contra migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en el estado de Durango.
Masacre de San Fernando
El 22 de agosto de 2010, eran trasladados en dos camiones a 74 migrantes, de los cuales 72 fueron asesinados y 2 sobrevivieron. Los 2 conductores y un ayudante desaparecieron; Alejandro “N” es identificado como conductor de uno de los autobuses y es acusado de los delitos de secuestro, extorsión y tráfico de personas.
Las noticias se inundaron de color púrpura y dolor, ante un evento que conmocionó: en el ejido de El Huizachal del municipio de San Fernando, en Tamaulipas, 72 personas migrantes (originarias de Centroamérica y Sudamérica) fueron torturadas y asesinadas por el grupo criminal.
Este atroz crimen fue conocido como la Masacre de San Fernando y se considera emblemática dado que reveló una grave situación de violencia contra las personas migrantes que transitan por territorio mexicano.
A 12 años de este evento, todavía hay 9 víctimas de la masacre que siguen sin ser identificadas, siete familias siguen exigiendo la exhumación de los restos que les fueron entregados como sus seres queridos, ante la falta de pruebas concluyentes de que efectivamente se tratan de ellas y ellos.
Ante esta situación, de acuerdo a la denuncia de diversas organizaciones civiles, el caso permanece en la impunidad; además, señalan falta de capacidad para articular acciones entre autoridades nacionales y de otros países como Guatemala, para permitir la exhumación de cuerpos en territorio guatemalteco, así como la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).