Luego de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planteara eliminar la prisión preventiva oficiosa, el Gobierno de México fijó su postura y le pidió mantener dicha medida cautelar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el proyecto de la SCJN que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa, así como la gravedad de ciertos delitos, lo que pretende es facilitar la impunidad y la corrupción.
“La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro, tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra”, dijo.
Acotó que en el caso de las personas que lleva años privadas de su libertad sin sentencia, se debe procurar acelerar la impartición de justicia.
En un comunicado firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, el gobierno de AMLO solicitó al máximo tribunal del país, que al momento de resolver delitos que atenten contra víctimas o generen otro tipo de violencia, se considere la seguridad pública del país, el combate a la impunidad y la prevalencia de la prisión preventiva oficiosa.
El comunicado señala que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
Los delitos de alta gravedad a los que se hace referencia son:
- Abuso o violencia sexual contra menores.
- Delincuencia organizada.
- Homicidio doloso.
- Feminicidio.
- Violación.
- Secuestro.
- Trata de personas.
- Robo a casa habitación.
- Uso de programas sociales con fines electorales.
- Corrupción (tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones).
- Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
- En materia de hidrocarburos.
- Petrolíferos o petroquímicos.
- En materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
- Delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos.
- En materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea.
- Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
En el comunicado refieren que “es del conocimiento público que la SCJN en próximos días resolverá dos asuntos de transcendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el artículo 19 constitucional desde el año 2008”.
En dicha sesión se resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019.
“La Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad persiguen garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias, con pleno respeto a los derechos humanos”, agrega el documento.
El Gobierno de México pidió al máximo tribunal del país que considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, “tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
Eliminación de la prisión preventiva sería un grave problema: Claudia Sheinbaum
Sobre la discusión de la eliminación de la prisión preventiva, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que sería un grave problema de aprobarse en la SCJN.
En el informe mensual de los avances para prevenir la violencia contra las mujeres, aseveró que si se elimina la prisión preventiva representará un problema de seguridad para las mujeres:
“Aumentaría la impunidad particularmente en delitos de corrupción, creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida, muchas veces es a criterio del juez y a propuesta evidentemente de la Fiscalía la definición de la prisión preventiva justificada”.
Sheinbaum Pardo reiteró que de eliminarse también podría representar mayor impunidad frente a la corrupción y riesgo, pero no sólo para las mujeres si no para los habitantes de toda la ciudad.
“A quien está definiendo esto sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues hacerles saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir”, agregó.
Propuesta de la SCJN
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó que próximamente el Pleno de ministros se pronunciará sobre si la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Constitución Mexicana y que también se busca poner reglas claras a la prisión preventiva justificada.
La prisión preventiva es una de las medidas cautelares que pueden ser adoptadas por los juzgados de control para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, para garantizar el desarrollo de la investigación y para proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad.
Mientras que la prisión preventiva justificada la solicita el Ministerio Público ante un juez, quien decide, con base en los medios de prueba y supuestos específicos, si la medida es idónea para el caso concreto.
“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México desde hace muchas décadas”, afirmó Arturo Zaldívar.