Nacional

Gobierno de México pide juicio político contra juez Crescencio Contreras

Gobernación señala que el juez Crescencio Contreras Martínez favoreció con sus resoluciones a grupos de delincuentes, por lo que se pide un juicio político.

El Gobierno de México a través de la Secretaria de Gobernación, presentó una solicitud de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras, a quien señala de favorecer con sus resoluciones a grupos de delincuentes.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó dicha solicitud en la Cámara de Diputados.

Crescencio Contreras Martínez, quien es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, es señalado por favorecer a integrantes de organizaciones criminales que operan en el norte de México, “a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, se lee en el comunicado de Gobernación.

Dicho juez fue el responsable de liberar a integrantes del crimen organizado, que fueron acusados de secuestrar a 31 migrantes, el pasado 30 de diciembre de 2023 en Tamaulipas. Dichas personas también eran señaladas por el tráfico de fentanilo y el uso de armas exclusivas del Ejército.

En el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad que llevan a cabo funcionarios del Gobierno Federal, se concluyó que  existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.

En la denuncia entregada se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces.

Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político contra Crescencio Contreras Martínez para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.

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