El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de México de resolver el caso Ayotzinapa como un asunto de Estado.
El objetivo principal es conocer la verdad de los hechos ocurridos, encontrar a los 40 estudiantes que aún están desaparecidos y llevar a cabo la debida justicia castigando a los responsables.
Desde el inicio de las investigaciones, los padres y madres de los normalistas han solicitado la atención de cuatro ejes fundamentales en el caso.
- la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos,
- la investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, Guerrero, por parte de policías federales, municipales y ministeriales,
- el análisis de la red de telefonía celular y
- el trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, como posible móvil de la agresión.
El Estado mexicano ha dado seguimiento a estos temas y ha realizado avances significativos en las investigaciones.
Actualmente, 14 militares, incluyendo dos generales, se encuentran detenidos y sujetos a proceso. Además, hay varios policías municipales, estatales y federales ministeriales detenidos y sometidos a proceso penal por su posible implicación en los hechos.
En el caso de las llamadas telefónicas, se ha llevado a cabo un minucioso análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que ha permitido depurar 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, además de mapear y geolocalizar 116 números relevantes para esclarecer la verdad histórica.
Respecto al trasiego de drogas, se han obtenido testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos, lo que ha llevado a la detención de dichas personas por delincuencia organizada y otros delitos.
El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez ha resaltado que el Estado mexicano se enfrenta actualmente a una campaña de desinformación que busca socavar una investigación cuyos resultados son sin precedentes.
Por esta razón, se ha comprometido a informar sobre todas las acciones realizadas por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa en los últimos cuatro años, siempre con respeto a las víctimas y sus familias y manteniendo el sigilo necesario en toda investigación penal.