Un selecto grupo de seis empresarios dejarán de recibir 10 mil 106 millones de pesos en los próximos cuatro años, los cuales cobraban como parte de sus ganancias por operar ocho penales federales en diversos puntos del país, tuvieran o no reos o bien aunque bajara el número de prisioneros en esos penales.
Se trata de magnates mexicanos a los que les fueron concesionadas ocho cárceles por el expresidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna; este último actualmente preso en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del narcotráfico.
Los contratos se firmaron en 2012, con una concesión a 22 años, por un monto de 276 mil 619 millones de pesos.
Por ejemplo, por los penales privados de Durango y Michoacán, propiedad de Olegario Vázquez Raña, el Gobierno Federal habría pagado en 2020 más 4.1 mil millones de pesos. Por los penales privados de Chiapas y Morelos de Carlos Slim, 3 mil 800 millones.
En tanto, por el penal de Oaxaca, propiedad de GIA, empresa de Hipólito Gerard, que era cuñado del expresidente Carlos Salinas, se habrían pagado mil 800 millones de pesos.
En nueve años de operación, de los 20 que estipula el contrato, los mexicanos hemos pagado más de 75 mil millones de pesos por estas cárceles privadas, un 36% del costo total.
No obstante, tras la revelación de la jugosa transacción que se hizo en sexenios pasado, hoy estos empresarios han tenido que renegociar los contratos con el Gobierno Federal y producto de estas negociaciones habrá un ahorro no sólo para esta administración, también en el siguiente sexenio se verá reflejada una reducción de lo que se eroga para pagar las cárceles privadas, hasta llegar, incluso a los 41 mil millones de pesos cuando concluyan los plazos de estos contratos.
Lo que significa que tendremos una reducción de dos mil 390 millones de pesos anuales en este año de 2021. Al término de la administración se generará un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos en estos cuatro años”, indicó Rosa Icela Rodríguez.
Además, también se castigará a los responsables de que se aceptaran estos contratos leoninos, pues ya se investigan a los ex servidores públicos encargados, causantes de este daño al patrimonio del país.