El Gobierno Federal exhibe nuevamente a jueces, ministros y magistrados que favorecen a presuntos delincuentes.
El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer esta mañana tres casos en los que integrantes del Poder Judicial, otorgaron amparos y resoluciones en favor de personas relacionadas con casos de desaparición, delincuencia organizada y corrupción.
El primero de ellos, es el caso de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y acusado de haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El subsecretario expuso que con el aval de los magistrados Rubén Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, un tribunal otorgó un amparo a Abarca para que se le realice una nueva audiencia y se determinen otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa, con lo que incluso podría quedar libre.
“De acuerdo con el colegiado, la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis N, viola sus derechos convencionales en atención a las sentencias emitidas por CIDH y sentencias que pugnan por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa”, dijo Rodríguez Bucio.
Recordemos que José Luis Abarca fue capturado, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, ligada al cártel Guerreros Unidos, grupo criminal al que las autoridades han responsabilizado de la desaparición de los normalistas.
El subscretario Rodríguez Bucio también expuso al magistrado Jorge Mario Montellano, quien revocó la sentencia de 10 años, dictada a María de los Ángeles Pineda y ordenó la reposición del procedimiento.
“Ya que a su consideración el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica en el debido proceso, en audiencia, defensa e igualdad”, añadió.
Finalmente, el subsecretario evidenció que el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de lavado de dinero.
El juez le otorgó arraigo domiciliario, la colocación de un brazalete electrónico, el pago de una garantía de 10 millones de pesos y con eso, la posibilidad de salir de prisión.
Sin embargo, otro juez confirmó la medida de prisión preventiva por delincuencia organizada, por lo que seguirá recluido en una cárcel de Morelos.
Ante todos estos casos, el presidente López Obrador, reafirmó la necesidad de una reforma al Poder Judicial, para que jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo y trabajen en beneficio de los ciudadanos y no en favor de los grupos de poder.
Recordó que cuando presentó una ley para que la Guardia Nacional estuviera a cargo de las Fuerzas Armadas, él personalmente habló con dos ministros para que apoyaran esta ley, y al final lo traicionaron.