El Gobierno Federal impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y suspendió su vigencia del denominado ‘Plan B’ en materia electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior fue dado a conocer por la Consejería Jurídica del Ejecutivo a través de un comunicado, en el que señala: que “el pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la SCJN anuncie públicamente una determinación tan relevante”.
Sostuvo que tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y menos aún había ocurrido en la historia de México, que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo.
“El Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes” añadió la Consejería.
De acuerdo con el Gobierno Federal, la Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
Esti quiere decir que no existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir.
La Consejería señaló que, conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza “sólo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”.
“Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aseguró que “no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al Pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, “al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige”.