El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer las conclusiones sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre los que subrayó la colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos, en este caso.
A tres años de trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas expuso que no hay indicio alguno de que los 43 estudiantes estén con vida, “fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Desde Palacio Nacional, indicó que se han analizado 41 mil 168 documentos y 17 mil sesiones de audio sobre el caso, así como archivos de la Marina y la Defensa Nacional, de donde se han obtenido más de nueve mil documentos.
“La llamada verdad historia del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, sentenció Encinas durante el informe.
“El delito de desaparición forzada no prescribe, aunque algunos jueces así lo consideran y han soltado a personas presuntamente implicadas, a una la soltaron por 10 mil pesos”, reveló.
Conclusiones
1.- La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos de Ayotzinapa” la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
2.- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
3.- En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
4.- En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
5.- El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
6.- En ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
7.- Que, tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
8.- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
9.- Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en iguala y en Santa Teresa.
10.- Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
11.- Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
12.- Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
13.- Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
14.- No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
15.- Que es necesario continuar con la búsqueda en: la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.
16.- Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.
Crimen de Estado
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó en un crimen de Estado.
En todo momento autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de los estudiantes desde la salida de la Normal hasta la desaparición.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, señaló.
Además, indicó que el grupo delictivo actuó con un amplio grupo número de sicarios. Tras la salida de la terminal de autobuses, los estudiantes no estuvieron juntos.
“En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron juntos los 43 normalistas. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula”, declaró.
El subsecretario de Gobernación afirmó que no se va a “solapar” ningún abuso, violación a derechos humanos ni injusticia, por lo que se buscará castigo para todos los responsables.
“La investigación continúa, la búsqueda de los estudiantes continúa”.
La verdad histórica
La creación de la “verdad histórica” fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno, que ocultó la vedad de los hechos, altero las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Lo aquí expuesto se respalda en la información y en los documentos anexos a este informe que han sido revisados y validados por Profesionales y remitido a las autoridades judiciales.
La investigación y la búsqueda de los estudiantes que faltan continúan. Corresponde a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, de la FGR, el análisis de la información aquí proporcionada y en su caso, proceder a su judicialización. Por su parte, la CoVAJ continuará con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvará con la Fiscalía Especial y el GIEI.
Como lo hemos señalado desde un inicio, no vamos solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. A partir de este momento, el informe presentado y sus anexos se harán público. Publicar esta información abre al escrutinio público nuestro trabajo y busca propiciar que otras personas que cuenten con información la aporten en beneficio del esclarecimiento de estos deleznables hechos.
Jesús Murillo Karam
Uno de los nombres que frecuentemente sale a relucir en este caso es el del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue designado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para hacer la investigación.
Fue durante su etapa como procurador, que ocurrió la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El entonces presidente Enrique Peña Nieto designó a Jesús Murillo Karam como el responsable de la investigación.
Murillo Karam fue quien creó la llamada “verdad histórica”, en la cual sostuvo que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido secuestrados por integrantes del grupo delictivo Guerrero Unidos, quienes los quemaron en el basurero de Cocula, resultado con el que cerró la investigación, no sin antes decir el tristemente célebre “ya me cansé”, ante los cuestionamientos de la prensa.
Tras esa situación no duró mucho tiempo en el cargo, al cual renunció. Posteriormente se integró a la Sedatu y desde agosto de 2015 –cuando dejó su último cargo en esa dependencia- ha mantenido un perfil bajo.
Tomás Zerón rechazó criterio de oportunidad
Quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y señalado por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, rechazó aceptar un criterio de oportunidad, así lo informó Alejandro Encinas.
“Establecimos contacto con los abogados de Tomás Zerón de Lucio que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año en donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó”, informó.
Tomás Zerón de Lucio se encuentra en Israel desde 2019, incluso el Gobierno de México, en septiembre de 2021, envió una carta para solicitar su extradición, ante las investigaciones por la desaparición de los normalistas.
El proceso para traer a nuestro país a Zerón de Lucio continúa por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y FGR.
¿Quién es Tomás Zerón?
Tomás Zerón de Lucio fue funcionario en temas de seguridad pública en la administración de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.
El exfuncionario busca ser extraditado por la justicia mexicana bajo los cargos de tortura, desaparición forzada y malversación de mil 102 millones de pesos de la entonces Procuraduría General de la República.
Zerón, antiguo jefe de la investigación del caso Ayotzinapa, enfrenta acusaciones por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en el marco de las pesquisas por el ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Entonces, Zerón dirigía la Agencia de Investigación Criminal, brazo investigador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). La Fiscalía le acusa también de la compra con sobreprecio de vehículos equipados con sistemas de espionaje, plataformas digitales de inteligencia y la construcción de un centro de la PGR en Querétaro.
¿Qué ha pasado con el alcalde de Iguala y su esposa?
Luego de que 43 estudiantes normalistas desaparecieran en Iguala el 26 de septiembre de 2014, los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos intercambiaron mensajes de texto.
En esos mensajes intervenidos por la DEA se manifestó la relación que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, mantenía con el mencionado grupo criminal.
El 4 de noviembre de 2014, José Luis Abraca y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en un operativo realizado por autoridades federales, en un domicilio particular en Iztapalapa, en el Distrito Federal.
Abarca era buscado por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada.
Tanto él como su esposa han obtenido diversos triunfos en juzgados federales, pero no han podido evadir la prisión preventiva hasta ahora.
El exalcalde de Iguala se encuentra en el penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, en Almoloya, en el Estado de México. Su esposa, en cambio, se encuentra en el Penal femenil de Amacuzac, en el estado de Morelos.