El Gobierno de México presentó el acuerdo contra la inflación, que firmaron productores y distribuidores de alimentos, con lo que se busca disminuir 8% el precio de la canasta básica.
En conferencia de prensa matutina, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, indicó que el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido. Explicó que hasta la primera quincena de septiembre, la contribución de energéticos, a la inflación anual de 8.8%, fue de 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos de 4.2 puntos porcentuales.
“A diferencia de Estados Unidos en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta, por esa razón la mejor consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos, por parte del Gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos”, indicó.
Como parte de la estrategia, el Gobierno otorgará una licencia a las empresas participantes para la importación y distribución de insumos.
“Basado en la confianza el Gobierno otorga una licencia única universal, que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de insumos, para el envase de alimentos de dichas empresas las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad, Senasica y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del impuesto general de importación”.
Ramírez de la O detalló que se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.
Durante la vigencia de este acuerdo, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
Se trata de 15 empresas entre ellas de atún, maíz, huevo, carnes y distribuidores como Walmart, Soriana y Chedraui. 
Estas empresas, explicó el titular de Hacienda, se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que alimentos e insumos sean de calidad y se encuentren libres de contingencias santerías.
Además, dijo que el gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad, establecida desde diciembre de 2018, adicionalmente congelará las tarifas de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadim) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) hasta el 28 de febrero de 2023.
Los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares, lo atenderá la autoridad, para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.
“El Gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos desquicitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en los envase de alimentos. Se examinará la necesidad de extender esta limitación a otros productos”, señaló.
Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica es de 1,129 pesos por los 24 productos. La acción coordinada de Gobierno, productores y tiendas de autoservicio busca disminuir dicho monto 8%, a 1,039 pesos promedio, hasta el 28 de febrero de 2023.
El documento que dio lectura el secretario de Hacienda, precisa que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos.
El Gobierno revisará, en reuniones con las empresas, el desempeño de este acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el Decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
