Ante la omisión del Congreso de Guanajuato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará un proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) de los artículos del Código Penal de esa entidad que criminalizan el aborto.
Esta acción de la Corte brindará protección a todas las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo.
El proyecto de DGI fue turnado al ministro Arístides Guerrero García, luego de que el pasado 30 de septiembre se cumplieron los 90 días del plazo fijado por la Corte para que el Poder Legislativo de Guanajuato derogara los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal local.
Estos establecen sanciones de hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practiquen o consientan un aborto. La misma pena de cárcel aplica para médicos, enfermeras y parteras que lo lleven a cabo.
Sin embargo, el Congreso guanajuatense incumplió lo mandatado por la Corte en diciembre de 2025 y dejó intacta la legislación controvertida.
Ahora, el proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad debe ser avalado por las ministras y ministros del Pleno de la SCJN. En ese momento se expulsarán en automático del sistema normativo de Guanajuato esos cuatro artículos, lo cual amplía el espectro de garantías.
Si en diciembre de 2025 la Corte amparó a una mujer que impugnó la penalización del aborto en esa entidad, en un futuro, todas las mujeres y personas gestantes podrán ejercer este derecho, si así lo desean.
Chihuahua fue el primer estado donde la Corte aplicó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad en materia de aborto por omisión legislativa en enero de 2025.
Guanajuato será el segundo y no resulta una casualidad, ambos son gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN).