Hospitales del sector salud de Nuevo León fueron encontrados responsables de la muerte de Daniel Quintana Gutiérrez, menor de 16 años y víctima colateral de feminicidio, debido a negligencia médica e institucional, de acuerdo con la recomendación 02VG/2023 que emitió la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH).
Según dicha recomendación se reconoció que el Hospital Psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires, en Monterrey, el Hospital Materno Infantil y el Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cometieron negligencia al negar la atención médica al menor de edad, y de haber dado un falso diagnóstico de ansiedad, cuando padecía una urgencia gástrica, lo que le arrebató la vida a Daniel.
Lorena Gutiérrez y su familia exigen justicia por la muerte de su hijo Daniel Quintana. “No bastan las disculpas públicas, exijo justicia” sentenció Lorena a este medio, en una conferencia de prensa que dio junto al equipo legal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en el marco de esas recomendaciones que detallaron las múltiples violaciones a los derechos humanos del menor y su familia.
La muerte de Daniel, impacto de los daños colaterales del feminicidio
¿Quién le arrebató la vida a Daniel? La negligencia, la falta de atención, el feminicidio de su hermana Fátima –cometido en el año 2015, en Lerma, Estado de México, la indiferencia, un falso diagnóstico, el desplazamiento forzado, la ineptitud, los médicos, las instituciones. “El Estado”, asegura su madre.
Su mamá cuenta que era alto, medía 1.90 cm, y practicaba fútbol americano. Tenía el sueño de ser médico, pero eso se vio truncado hace tres años, porque a pesar de tener medidas de protección de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez murió en noviembre de 2020.
Daniel estuvo por varios días en agonía, con dolor abdominal y con problemas para respirar, aunque los médicos decían que sólo era ansiedad –derivada del trauma por el feminicidio de su hermana–. Pese al dolor, los hospitales se negaron a atenderlo, no lo examinaron y no le realizaron los estudios pertinentes, para descartar otras patologías; aseguraron que era ansiedad.
Un médico psiquiatra le inyectó 10 miligramos de Valium y 2 miligramos de Diazepam, “fue una dosis mortal”, compartió Lorena.
Luego de caer inconsciente, Daniel murió en brazos de su padre y su hermano, cuando intentaban reanimarlo con un baño –a recomendación de un médico que supuestamente envío el alcalde de Nuevo León, pero les negó la posibilidad de ingresarlo inmediatamente a algún hospital de urgencias, “porque no se podía”–.
“Mi hijo vomitaba sangre por la nariz, por los ojos –sus lágrimas eran de sangre–, su oído, por todos los orificios del cuerpo, Daniel explotó por dentro”, compartió su madre.
Lorena dijo que Daniel murió porque tenía una fisura en la cavidad abdominal derecha y la sobredosis de los medicamentos psiquiátricos pudieron provocarle una úlcera, además de agravar la fisura; no podía respirar bien, porque los líquidos que bebía se le fugaban a los pulmones.
Su muerte, tal como reflexionaron las abogadas del OCNF, respondió a una expresión de lo que viven las familias que se ven al desplazamiento forzado interno, como parte de los impactos colaterales del feminicidio.
De acuerdo con Ana Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF, del 2019 al 2023 se han asesinado 17 mil 069 mujeres y solo 25.3% se investiga por feminicidio, no obstante, una de las preocupaciones del OCS es que se desconoce el número de familias que viven los impactos posteriores a estos delitos.
La mayoría se ven obligadas a dejar sus hogares, porque son amenazadas y porque su vida corre peligro al buscar justicia por sus hijas, hermanas o madres.
Este fue el caso de Daniel, Lorena y el resto de los doce integrantes de la familia Quintana Gutiérrez, quienes tuvieron que salir del Estado de México, debido a las amenazas de la familia de los feminicidas, que padecían por buscar justicia en caso de Fátima
Este fenómeno, asegura Pérez Garrido, es invisibilizado, además de que a las familias y a los niños y niñas, no se les reconocen como víctimas y su reconocimiento queda sesgado a las autoridades.
Gabriela Amores, abogada de OCNF que lleva el caso, expresó que con esta recomendación se reconoce una multiplicidad de violaciones: los principales, el derecho a la vida y la salud, pero también a la igualdad y no discriminación, a la integridad y trato humano, a la legalidad y dignidad, así como al interés superior de la niñez.
La abogada Amores sentenció que este caso grave no sólo muestra la negligencia u omisión del cuerpo médico sino de todo el actuar del sistema de salud. “Se trata de la pérdida de vida de un niño, víctima indirecta de feminicidio. Esto es irreparable”, subrayó.
“Cometieron un crimen y no hay respuestas. Esto es lo que las víctimas colaterales de feminicidio tenemos que vivir. […] Esto […] no se lo deseo a nadie, esto es lo que nadie debería de vivir. Esto es que ninguna víctima colateral del feminicidio debe de vivir, mis hijos no tenían que haber luchado hasta el último aliento por preservar su vida”, externó Lorena.
“No bastan las disculpas públicas, exijo justicia”
Las abogadas del OCNF explicaron que de acuerdo con las recomendaciones que hace la CEDH de Nuevo León, se deberán realizar diversas medidas de reparación integral de los daños a las víctimas, entre ellos, la compensación económica y la prestación de atención psicológica y psiquiátrica a la familia.
Así también, la persona titular de la Secretaría de Salud y los Directores de los Hospitales Materno Infantil y Psiquiátrico deberán pedir disculpas públicas a la familia Quintana Gutiérrez, en un plazo no mayor a seis meses.
También, tal como apuntó la abogada Gabriela Amores a este medio, recientemente comenzaron las audiencias –a tres años de los hechos– de los médicos responsables de los hospitales, sin embargo, dijo que falta investigación y que sigue en proceso, aunque mostró preocupación dado que los servidores públicos han alterado documentos, para favorecer su defensa.
Entre otras solicitudes que hacen las abogadas se encuentra que las audiencias sean presenciales, dado que en Nuevo León operan audiencias en línea. Además, Gabriela Amores señaló que la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha sido mínima y omisa. Incluso la recomendación de CEDH enfatiza que dicha entidad estatal deberá llevar “una investigación seria, imparcial y efectiva y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, señala.
Lorena recordó también que actualmente el caso de su hija Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio en el año 2015, cuando tenía 12 años, por los hermanos Atayde Reyes, se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien analiza la reparación integral de los daños.
La madre de Fátima y Daniel recordó que José Misael Atayde Reyes fue puesto en libertad, en el año 2022, al cumplir la pena máxima que se le impone a un menor de edad –cuando cometió el feminicidio tenía 17 años y 9 meses– de 5 años de prisión y estuvo prófugo de la justicia dos años.
“El Poder Judicial del Estado de México nos dijo que él ya había pagado por haber asesinado a Fátima. Él tiene derecho de lo que le negó a Fátima, el derecho a la vida, a un proyecto de vida”, criticó Lorena Gutiérrez ante Once Noticias.