En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México resaltó que la impunidad y la crisis forense son los principales retos a los que se enfrentan las familias mexicanas para hallar a sus seres queridos.
En su tercera edición del informe “La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, ONU-DH resaltó que se deben redoblar esfuerzos de todas las instituciones impartidoras de justicia para colocar a las víctimas y sus derechos en el centro.
“La agenda de las personas desaparecidas es una de las más complejas dolorosas y desafiantes que enfrenta el Estado mexicano… poner fin a nuevos casos, erradicar la impunidad casi absoluta de los perpetradores ubicar destinos de personas desaparecidas y reparar de manera integral a las víctimas para garantizar la no repetición de estos crímenes”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de ONU-DH en México
Fernández-Maldonado resaltó que se han logrado importantes avances en la materia, sobre todo a nivel federal, y reiteró su compromiso con las familias y víctimas de desapariciones.
“La ONU-DH reitera su firme compromiso con las familias de las personas desaparecidas; con las miles de personas, en su mayoría madres, cuya búsqueda incansable de sus seres queridos son fuente de inspiración en todo el mundo”. – Guillermo Fernández-Maldonado.
La primera publicación de la ONU-DH sobre la materia tuvo como antecedente el informe de país elaborado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), luego de su visita a México en 2011. Posteriormente, se actualizó en un par de ocasiones, con motivo las revisiones a México que realizó el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), sobre la base de lo establecido en el artículo 29 de la Convención Internacional. Las dos últimas ediciones se realizaron en 2015 y 2019.
La actual tercera edición, dice ONU-DH, incorpora los valiosos aportes del informe de la misión del CED a México, realizada en noviembre de 2021, así como la jurisprudencia emanada de los comités u órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU, en materia de desaparición de personas.
En octubre del 2020, el Estado mexicano presentó ante el Secretario General de las Naciones Unidas la declaración en la que reconoce la competencia del Comité contra la desaparición forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales, de conformidad con el artículo 31 de la Convención.
De acuerdo con ONU-DH, desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un precedente de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del ámbito estatal y federal encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas y de la investigación sobre su desaparición. Esta decisión representa para todas las víctimas de desaparición, sus familiares, y para las organizaciones de la sociedad civil un logro importante, pues exige que las autoridades adopten todas las medidas que les sean requeridas por el Comité en las acciones urgentes.
El 30 de agosto de 2021, México aceptó la visita que el Comité contra la Desaparición Forzada solicitara desde el 2013 en virtud del artículo 33 de la Convención. La visita, realizada entre el 15 y 26 de noviembre del 2021, es la primera que el Comité lleva a cabo desde la entrada en vigor de la Convención, lo que sin duda contribuye a realzar su importancia. De esta manera se abrió un nuevo escenario para la comunicación directa con autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y órganos autónomos del ámbito federal y estatal, así como con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, lo que le ha permitido al Comité conocer in situ la realidad, los avances, los obstáculos y los desafíos que el país enfrenta en materia desapariciones forzadas.
De esa visita, el Comité analizó en el informe el contexto y las tendencias de las desapariciones en México y llama la atención frente a la gravedad de las desapariciones, cuya dimensión se manifiesta (a finales de abril del 2022) en las más de 99,500 personas incluidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas; frente a la situación de impunidad casi absoluta que se expresa en el reducido número de casos de desaparición de personas que han sido judicializados y sentenciados (solo 36 sentencias de desapariciones en todo el país); y frente al drama de la llamada “crisis forense”, por las más de 52,000 personas fallecidas sin identificar. Por la diversidad e intensidad de sus impactos para las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto, “el Comité urge al Estado a la adopción de una Política Nacional de Prevención y erradicación de las desapariciones que atienda y combata las causas estructurales de las desapariciones forzadas y apunte a su no repetición.
Durante la presentación de este tercer informe, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, informó que mañana, 31 de agosto, será el último día de su gestión.
