Un juez federal negó separar de su cargo al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco “G”, y sólo se le impuso la medida cautelar de acudir a firmar cada quince días ante el juzgado, esto al concluir la audiencia de formulación de cargos en su contra.
Durante la audiencia, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal Chihuahua, en Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos contra Francisco “G” por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
También fue acusado de incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a migrantes en las instalaciones a su cargo, tras el incendio del pasado 27 de marzo en un centro migratorio del instituto, en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas.
El próximo 30 de abril se definirá la situación jurídica del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco “G”, en una audiencia programada a las 11:00 horas.
FGR presenta cargos
La (FGR) presentó cargos contra Francisco “G”, comisionado del INM, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, durante la audiencia que se realiza en el Centro de Justicia Penal Federal Chihuahua, en Ciudad Juárez.
También es acusado de incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a migrantes en las instalaciones a su cargo, tras el incendio del pasado 27 de marzo en un Centro Migratorio del Instituto, en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas.
Tras realizarse la audiencia de imputación, el juez Víctor Hernández decretó un breve receso para continuar con la audiencia de vinculación a proceso. Francisco “G” se reservó su derecho a declarar.
Empresa privada contratada por el INM
La defensa de Francisco “G” intentará demostrar que no son los directivos quienes fallaron el día del incendio.
“El actuar de ambos y de todo el Instituto fue el adecuado”, indicó Uno de sus abogados, Rodolfo Pérez, quien trasladó toda la responsabilidad a la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones.
La compañía había sido contratada por el INM y, según la investigación, incurrió en numerosas irregularidades generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
Dos de los vigilantes presentes en las instalaciones el día del incendio están libres. La FGR sólo informó de una orden de captura pendiente.
Salvador González
El funcionario de más alto rango procesado hasta ahora ha sido el militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González.
González está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y la persona migrante que presuntamente inició el fuego.
El juez consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que las personas migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas.
También dijo que el militar avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva” y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional detener a las personas migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.