Nacional

Indígena con multidiscapacidad vivió 13 años en prisión

Su liberación abre el debate sobre la necesidad de revisar las medidas de internamiento para personas inimputables.

Durante más de 13 años, Rufino García, náhuatl originado de Ahuacuotzingo, Guerrero, y con multidiscapacidad auditiva, intelectual y de lenguaje, vivió privado de su libertad, sin embargo, a principios de noviembre su historia dio un giro de 180 grados, ya que una jueza determinó su libertad.

A lo largo de más de una década, Rufino permaneció en diversos Centros Penitenciarios Federales y actualmente se encontraba en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), en Morelos, acusado de diversos delitos federales.

Prisión preventiva excedió plazo

Ante ello, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), argumentó que en este caso se había excedido el pazo máximo de dos años que la Constitución establece para la prisión preventiva.

El caso tomó mayor relevancia, debido a que la situación de Rufino García debía analizarse conforme a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues se trata de una persona con multidiscapacidad que requiere ajustes que garanticen su derecho a una defensa adecuada y acceso la justicia.

Personas inimputables

La resolución tomada en el Juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero, abre el debate sobre la necesidad de revisar las medidas de internamiento para personas inimputables, es decir, aquellos que son absueltos de responsabilidad penal, por carecer de normalidad psíquica y madurez del desarrollo mental, al momento de cometer un delito.

Dichas medidas son de carácter obligatorio y se establecen en el Código Federal de Procedimientos Penales, sin embargo, no se ajustan a los parámetros de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que coloca en riesgo de maltrato o tortura a una persona con multidiscapacidad.

El caso de Rufino García pone en evidencia la necesidad de garantizar una defensa penal con perspectiva de derechos humanos, en especial de quienes enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad, con el fin de vivir libres de discriminación.

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