El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por los audios emitidos en el programa “Martes de Jaguar” acreditados al dirigente tricolor, Alejandro Moreno.
La Comisión de Quejas y Vigilancia del INE concluyó que dicho material no configura calumnia y tampoco tienen impacto en el proceso electoral de 2024.
Al no advertirse urgencia o peligro en la demora respecto de posibles hechos constitutivos de calumnia, pues los hechos denunciados no podrían tener un impacto en el proceso electoral de Campeche y en el Federal de 2024, ya que éstos darán inicio hasta el mes de septiembre del 2023, ni tampoco en los procesos electorales locales del Estado de México y Coahuila, los cuales inician hasta el mes de enero de 2023″, señala el INE en un comunicado.
¿Qué ha pasado recientemente?
El 6 de julio, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que exigió a la Fiscalía General de la República investigar con celeridad y legalidad el desacato hecho por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a la orden de un Juez de Distrito, que le concedió un amparo para detener la difusión de audiovisuales en contra de él y su familia.
En rueda de prensa explicó que Layda Sansores actuó con dolo y poco respeto al Poder Judicial al evitar intencionalmente recibir la notificación del juez, estando en el Palacio de Gobierno cuando transmitió su programa.
El 1 de agosto, un tribunal federal revocó la suspensión de plano que el Juzgado Primero de Distrito de Nuevo León, había otorgado al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y que la impedían de difundir audios o hacer pronunciamientos sobre presuntos actos de corrupción por parte del también diputado federal priista.
Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado determinaron que el juzgado actuó de forma incorrecta al otorgar la medida cautelar cuando ya se había declarado incompetente para conocer del asunto.
Asimismo, explicaron que el juez de Distrito carecía de competencia legal para emitir el auto impugnado, en términos de la ley de amparo, pues ya se había declinado competencia legal para conocer del asunto.
Por ello, consideraron que no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el juzgado residente en Campeche le informara si aceptaba o no la competencia.
Caso Claudia Sheinbaum
De igual forma, el INE resolvió que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no realiza actos anticipados de campaña y precampaña con las publicaciones que difunde en redes sociales y en Internet, como lo denunció el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De un estudio preliminar, no se advierte la urgencia o peligro en la demora que justifique el retiro de las publicaciones alojadas en las redes sociales y páginas de internet, ya que, en primer lugar, el Proceso Electoral Federal 2024, dará inicio hasta el mes de septiembre del 2023, es decir hasta el momento no ha comenzado alguna de sus etapas, detalló el INE.
“Tampoco se advierte en los contenidos difundidos, desde una óptica preliminar, alguna manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar, a su favor o en favor de alguna persona, partido o fuerza política, con miras a los referidos comicios federales”, sostiene el Instituto.
Finalmente, en lo que se refiere al uso indebido de recursos públicos, las consejeras y el consejero integrantes consideraron improcedente la medida cautelar, toda vez que será una cuestión que deberá ser motivo del análisis de fondo de la Sala Regional Especializada.
TEPJF ratifica medidas cautelares contra Sheinbaum por difundir propaganda
A principios de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad, las medidas cautelares ordenadas por la comisión de quejas y denuncias del INE contra Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México.
En reunión privada los magistrados determinaron que dichas medidas fueron por diversas publicaciones en Twitter, lo cual constituyó propaganda gubernamental en el periodo prohibido de la revocación de mandato.
La controversia surgió por una denuncia que presentó el PRD contra la jefa de Gobierno capitalino, y se ordenó retirar la publicación de Twitter y de cualquier otra plataforma.
También se solicitó que se abstenga de realizar o emitir expresiones que puedan considerarse propaganda gubernamental, al considerar que no es la primera vez que lleva a cabo dichas conductas.
Cabe recordar que la decisión anterior fue impugnada, en su momento por la jefa de Gobierno.