El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga varias candidaturas por denuncias ciudadanas que los implica en diversas irregularidades e incluso que podrían configurarse como delito, lo que implicaría la cancelación de registros.
Al presentar el informe de posibles hallazgos con perspectiva de género, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, dio a conocer que recibieron 38 denuncias a través de formularios que pusieron a disposición de la población.
“Se identifican 26 casos, ya que existen en los que más de un formulario se refiere a una misma persona. Se han girado 26 oficios de requerimiento a diversas autoridades jurisdiccionales y administrativas. Se han otorgado 16 garantías de audiencia. Hoy se encuentran en análisis cinco casos recibidos entre el 1º y 3 de junio”, comentó.
La consejera electoral, Carla Humphrey, señaló que hay casos que, por la gravedad de la conducta denunciada, ameritan una investigación más exhaustiva en los que no solamente se prevea un requerimiento, sino varios.
“Tal es el caso de la persona candidata denunciada por el delito de violación a una persona menor de edad y por estar prófuga de la justicia, y que cuenta con una sentencia con fecha de noviembre, al mes de noviembre de 2022, en a que se desprende que existen elementos que podrían indicar que la persona candidata tiene una orden de aprehensión en su contra”, detalló.
Humphrey Jordan denunció que, en ese caso en particular, requirieron información, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la entidad y que, a la fecha, no han tenido respuesta por parte de las autoridades.
Asimismo, consideró que es delicado que en el informe presentado aparecen los nombres de las personas u organizaciones denunciantes, pero no se da a conocer la identidad de las personas presuntamente responsables.
Mientras tanto, la consejera Dania Ravel dijo que es necesario que las personas que ocuparán algún cargo en el Poder Judicial, no cuenten con sentencias en firme y no se encuentren fuera de la ley.
“Se está haciendo la revisión de que las personas no tengan una orden de aprehensión o que no tengan también las personas candidatas alguna sentencia firme, en donde se haya determinado la suspensión de sus derechos político-electorales”, expuso.
Independientemente de las denuncias ciudadanas, una vez que concluyan los cómputos distritales, el INE revisará la idoneidad y elegibilidad de cada una de las candidaturas ganadoras, para verificar que se encuentren dentro de la ley.