De acuerdo con la Gaceta del Senado de la República, el 11 de octubre de 1990, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), como responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales de México, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión.
Desde su origen, el IFE se conceptualizó como la máxima autoridad administrativa en la materia electoral en nuestro país. Técnicamente fue un órgano constitucional autónomo en sus decisiones y contó con patrimonio y personalidad jurídica propios.
El Instituto Federal Electoral sustituyó a la Comisión Federal Electoral y nació como resultado de los conflictos postelectorales del año 1988.
Años después, la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el IFE en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, para garantizar altos niveles de calidad la democracia electoral de México.
Además de organizar los procesos electorales federales, el actual INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.
El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero Presidente y los 10 restantes como Consejeros Electorales.
El doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en temas de seguridad pública y sistema político electoral de México y Estados Unidos de América, platicó con Once Noticias sobre el INE, su origen y estado actual.
“El INE nace producto de una correlación de fuerzas posterior a 2014, donde las dirigencias partidistas, bajo la égida del Calderonismo, logran construir este proceso de renovación. Recordemos que hay un sello crítico para el país de la sucesión de Vicente Fox con Calderón, dónde se cuestiona la legitimidad de la presidencia de Calderón, y justamente, genera una necesidad de una nueva reforma electoral para garantizar que los partidos políticos y particularmente el sistema electoral, en este caso a través del INE y luego el nuevo Consejo General Electoral del INE, pueda reducir sustancialmente la naturaleza de los cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados electorales”.
Cerca de cumplir una década, el INE se ha desempeñado con altas y bajas. Sobre ello, pedimos al especialista conocer, a su manera de ver, cuáles son las fortalezas que ha construido el INE en este tiempo.
Así, de acuerdo con el doctor Pedro Isnardo, lo principal es la respetabilidad en la ciudadanía y a nivel mundial sobre la capacidad estructural organizacional, institucional, para organizar elecciones y para acreditar la voluntad ciudadana en cada una de sus elecciones y a todos los niveles.
Para el doctor Isnardo, hay una especie de consagración de la imagen positiva respecto a la ausencia de fraudes electorales, ya que es posible hacer reconocer quien ganó, y a su vez asentarlo en las actas, en los cómputos, en los sondeos de opinión, en las resultantes de la jornada electoral correspondiente, y los actores y fuerzas políticas partidistas suscriben dichos resultados aún antes de su publicación.
“Hay una especie de aceptación tácita, reconocida por encuestadores, por actores de la sociedad civil, por ciudadanía, por instituciones especializadas en la organización de procesos electorales dentro y fuera del país sobre la capacidad de acreditar esto”, comentó.
Por el contrario, también pudimos conocer su pensamiento respectos a los retos y áreas de oportunidad para el INE, las cuáles el especialista clasifica en tres.
La primera, tiene que ver con la participación protagónica de los ciudadanos en la elección de magistrados y consejeros electorales, como lo propone la nueva reforma. La posibilidad de la elección directa, sin intermediaciones de las autoridades electorales.
La segunda, es el tema del financiamiento de las campañas. “Habría una fuente de financiamiento privado para las campañas de las candidaturas que propongan los tres poderes el Poder Judicial, Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, aunque esto tiene sus pros y sus contras, comenta.
Según considera el doctor Isnardo de la Cruz, aun cuando el INE ha hecho esfuerzos de fiscalización de campañas, no se ha resuelto el flujo masivo e ilegal; el Instituto no ha sancionado el financiamiento privado a las campañas, y esto es un área de oportunidad importante al legislar.
Y, una tercera, se refiere a los liderazgos partidistas. Con esta nueva legislación las cúpulas partidistas actuales de todos los partidos podrían ver cómo se reducen drásticamente los universos que componen el Congreso Federal ante la ausencia de diputados y senadores de representación proporcional y podrían, a la vez, consolidar su respaldo popular con candidaturas más potentes, más directamente vinculadas a liderazgos territoriales, regionales, comunitarios.
Es una oportunidad para acreditar candidaturas que no sólo estén al amparo de las burocracias élite-partidistas y a su vez se construya y se renueve por esa vía la democracia mexicana, comentó el especialista.
A propósito de la propuesta de reforma en materia electoral, para el doctor Pedro Isnardo, en términos generales, el proyecto tiene la virtud de que los ciudadanos puedan tener mayor conocimiento sobre quiénes van a estar en el Congreso.
Considera que es un momento importante para el país porque con la reforma electoral podrían abrirse dos escenarios. Uno de ellos, el de la democracia constitucional electoral, que permita seleccionar a los partidos políticos, ofrecer candidaturas atractivas para ciudadanía y que tengan una mayor participación en territorios, regiones, comunidades. El otro, se refiere a reposicionar el liderazgo del INE, a partir de que sus funcionarios no tomen decisiones a espaldas del electorado y rindan cuentas.
“Primero, la clave es encontrar el arte de la negociación, porque [la propuesta de reforma] llega en un momento crítico después del no futuro de la reforma eléctrica bajo la presidencia de López Obrador. Y en segundo lugar, el ver si las élites partidistas pueden visualizar las virtudes de esta reforma en términos de democracia directa, en términos de candidaturas más cercanas en la ciudadanía, y en términos de reducir drásticamente el flujo de recursos que ha implicado la inversión en la organización y en la estructura misma del INE, que tiene miles de millones de pesos, incluso para ejercer sin estar en procesos electorales constitucionales nacionales, sin jornadas electorales nacionales, entonces creo que esto puede modificarse a favor de regresarle recursos al pueblo para otros destinos mucho más prioritarios y a favor de un proceso de democratización institucional más franco”.
La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para una reforma político electoral llegó el 28 de abril a la Cámara de Diputados; ésta busca reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios.
Pedro Isnardo de la Cruz es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es especialista en temas de seguridad pública y sistema político electoral de México y Estados Unidos de América.