El Instituto Nacional Electoral validó 2.1 millones de firmas para la consulta popular relacionada con el enjuiciamiento a expresidentes, promovida por ciudadanos y el partido Morena.
Se cumplió con el requisito de contar con el apoyo de al menos 2% de la lista nominal de electores, y ahora corresponde al Senado analizar la viabilidad de esa consulta.
Una de las posibilidades es que esta consulta, en la que plantea la pregunta “¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”, ahora se fusione con la consulta, ya aprobada y programada para el 1 de agosto de 2021, derivada de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, en la que se preguntará “¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
“¿Qué puede proceder?, que la misma Cámara de Senadores diga que no tiene caso porque se suma a la otra o que la turne a la Corte y la Corte vea la constitucionalidad y a la mejor proceda como hizo con la del presidente haciendo un ajuste o desechándola, en virtud de que es el sentido la misma que la anterior”, dijo Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.
El INE considera que la mejor opción sería hacer sólo una consulta, dada la cantidad de recursos humanos materiales y financieros que se requerirían.
O sea implica todo un gran despliegue nacional como si fuera una elección. Yo creo que la solución más práctica es, viendo que las dos iniciativas son muy similares, quedar en una sola”, agregó Edmundo Jacobo.
Quienes promueven la consulta ciudadana, consideran necesario realizarla para hacer presión y que se haga justicia.
Este proceso de la consulta popular a juicio a expresidentes da la oportunidad de replantear que todas y todos tenemos que recuperar todo ese sufrimiento y ese daño, no con la expectativa de generar odio sino de ya no tolerarlo nunca más”, expuso Norma Ariadna Sánchez Bahena, promovente de consulta popular.
Sobre las poco más de 421 mil firmas en las que el INE encontró irregularidades, los organizadores explican que se deben a la gran cantidad de personas que participaron para recabarlas.
No teníamos nosotros control y ni siquiera certeza de cómo se estaban recabando las firmas en realidad, nosotros confiamos”, agregó Norma Adriana.
“Juntamos tantas firmas que no sabemos la procedencia exacta de la firma y si llegan a salir como estas incidencias que lo llaman también en el INE son propias de los mismos procesos”, dijo.
El INE cree que pudiera deberse a que quienes recabaron las firmas pudieron haber tomado los datos de listados viejos.
Para evitar esto, el instituto recomienda utilizar la aplicación digital que desarrolló.