El esquema de corrupción que montó Genaro García Luna, junto con su esposa Linda Cristina Pereyra y demás colaboradores, va más allá de los 94 millones de pesos del erario que desvió, y por los que esta semana una jueza de Estados Unidos le ordenó resarcir al Estado mexicano 48 mil 500 millones de pesos.
Este viernes se dio a conocer que ya se investigan a otras 15 empresas con las que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón lavó dinero para financiar campañas electorales.
“Nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado pero de segundo piso, no cobraron. Estamos hablando para esas empresas 100 millones de dólares. Más o menos”, declaró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.
El dinero también se desvió durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Calderón. Esta investigación está en manos de las autoridades mexicanas.
“Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas. Y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida. Ese es en el juicio mexicano, porque esto tiene que ver también con los tribunales mexicanos”, agregó el titular de la UIF.
En la Mañanera del Pueblo se detalló el esquema de lavado de dinero por el que el Gobierno del entonces presidente López Obrador interpuso una demanda civil en 2021 en Florida y que este jueves culminó en una sentencia histórica jamás impuesta a una organización criminal.
La denuncia se hizo contra García Luna y su esposa, seis cómplices y 44 firmas de distintos países por los 30 contratos de tecnología y seguridad en el periodo 2009- a 2018 con la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
“Se realizaron contratos. Que en la Policía Federal, en el CISEN, y en el organismo de prisiones, 30 contratos en total, por un total de 625 millones 188 mil 677 dólares de los Estados Unidos y 93 millones 866 mil 666”, explicó Gómez.
“Son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios, o de empresas en las que el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el Gobierno, a través de distintas instituciones, y había sobrecosto exagerado”, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy la Presidenta señaló que la sanción millonaria impuesta por la autoridad estadounidense es el reconocimiento de que en dos sexenios se permitió un esquema de defraudación operada al interior del Gobierno.
“Es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona, con funcionarios del Gobierno de Calderón y de Peña Nieto, para utilizar recursos públicos en beneficio privado, entonces es muy importante este resultado”, subrayó Sheinbaum.