El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Poder Judicial de la Federación, ha documentado y denunciado múltiples violaciones graves a los derechos humanos de personas privadas de su libertad en centros penitenciarios que fueron concesionados a empresas particulares por gobiernos recientes, como el de Felipe Calderón.
A la fecha, han promovido 30 procesos legales contra autoridades y empresas particulares por el incumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que marca la subsistencia digna para las personas privadas de la libertad en esas cárceles.
Como muestra de ello, el titular del organismo detalló la grave situación, por falta de agua potable, en el penal número 17 de Michoacán, administrado por la empresa Prodemex.
La gente está tomando agua de las llaves, agua de los mingitorios. Las autoridades de esta administración privada les sugieren a los presos que tomen agua del mingitorio, tenemos documentos de esta situación”, denunció Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Recientemente, este Instituto también denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)el trato que reciben mujeres privadas de su libertad en el penal femenil de Morelos, concesionado a la compañía capital Inbursa.
Por falta de atención médica adecuada, en el contexto de no tanto de salud reproductiva, sino a la situación de pandemia, es decir, a la falta de medidas básicas, gel mascarillas, cosas elementales para que se pudieran evitar contagios en estas prisiones”, señaló Netzaí Sandoval.