La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la decisión de Enrique Beltrán Santes, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, quien determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a Víctor Manuel “G”, exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul, vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, la FGR calificó la resolución como “absolutamente ilegal” y señaló que el juez basó su decisión en argumentaciones subjetivas y carentes de sustento probatorio.
#FGRInforma | En una decisión absolutamente ilegal, Enrique Beltrán Santés, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, determinó el cambio de medida cautelar a Víctor Manuel “G”, vinculado a proceso por hechos relacionados con el desfalco de recursos en… pic.twitter.com/XdYH2wJZLO
— FGR México (@FGRMexico) December 8, 2024
Análisis de la resolución
La fiscalía desmintió varios puntos clave expuestos por el juez:
- Estado de salud: No se presentó evidencia médica que acreditara un deterioro significativo en la salud del imputado desde su detención en octubre de 2023.
- Buena conducta: Tampoco se probó que Víctor Manuel “G” haya mantenido buena conducta durante su reclusión, como afirmó el juzgador.
- Acceso a inmuebles: La FGR argumentó que la existencia de varios domicilios asociados al imputado representa un riesgo de sustracción, contrario a lo señalado por el juez.
- Recursos financieros: La fiscalía destacó que el imputado podría disponer de más de 138 millones de pesos, lo que incrementa el riesgo de fuga, situación que el juez habría minimizado.
Medidas contra el juez
Además de impugnar el cambio de medida cautelar, la FGR inició una carpeta de investigación contra el juez Beltrán Santes por presuntos delitos contra la administración de justicia, al considerar que su decisión favorece indebidamente a la defensa.
Contexto del caso
Víctor Manuel “G” está acusado de participar en un esquema de desfalco de recursos de la cooperativa Cruz Azul, en agravio de sus socios y trabajadores.
Desde su detención, había permanecido bajo prisión preventiva justificada debido a la gravedad de los delitos imputados y los riesgos procesales asociados.
La FGR reiteró su compromiso de garantizar la justicia en este caso, advirtiendo que continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para revertir decisiones que considere contrarias a la ley.