En tan sólo cinco años y bajo el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco se ha convertido en el estado con más desapariciones asociadas a asesinatos de jóvenes y personas en general.
El caso más reciente es la desaparición de Dante Hernández, Jaime Adolfo Martínez, Diego Lara y Uriel Galván. Cinco jóvenes de entre 19 y 22 años, en Lagos de Moreno, Jalisco, el pasado 11 de agosto, pero no es el único caso que ha generado indignación y reclamos al Gobierno de Alfaro.
Un gobernador para el cual ha sido más fácil, siempre, echarle la culpa al Gobierno Federal, sin asumir responsabilidad alguna en los casos que han ocurrido bajo su administración.
“Es una política del Gobierno de desaparecer a los desaparecidos, incluso de la memoria de la sociedad, que la sociedad no vea lo que está pasando en realidad”, dijo el cofundador Colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores.
Al respecto, existen 14 mil 887 personas desaparecidas y no localizadas. Esto hace a la entidad con más registros de este tipo de delito.
Un problema nada nuevo
En 2019, un año después de que arrancara la gubernatura de Enrique Alfaro, se registró el pico más alto de desapariciones, con dos mil 936 expedientes; en lo que va de este año se han contabilizado 105 casos.
En los últimos ocho meses se han presentado, por lo menos, otros tres hechos de desapariciones múltiples en Jalisco.
El primero, ocurrido el 9 de febrero en Zapopan, donde fueron vistos por última vez Enrique Esparza, Raúl Alejandro Barajas y Jonathan Omar Vázquez. Hasta el momento no han sido encontrados y las investigaciones, de acuerdo con autoridades, siguen en curso.
El segundo, se trata de siete jóvenes de entre 23 y 37 años que laboraban en un call center y que desaparecieron el 20 mayo. Sus cuerpos fueron encontrados en la barranca del mirador escondido, en Zapopan.
El tercero, se dio el mes pasado, con la desaparición de cuatro mujeres de entre 22 y 28 años de edad, en el municipio de Encarnación de Díaz, sus nombres: Marisela Saucedo Zermeño, Adriana Saucedo Zermeño, Rosa Olivia Saucedo Zermeño y Beatriz Hernández Martínez. Hasta ahora, no han sido localizadas.
El tema de la desaparición múltiple no es nuevo, pues en 2018, cuando gobernaba Aristóteles Sandoval, se dio el caso de los estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara: Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz García, y Marco Francisco García Ávalos, quienes tras desaparecer en marzo, fueron presuntamente asesinados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
También, el 24 de marzo de 2021 se dio a conocer la desaparición de una familia conformada por cinco integrantes, en el municipio de Acatic, cuando regresaban a Jalisco, tras pasar unos días en Ciudad de México.
Más tarde, el 9 de abril fueron localizados con vida en una gasolinera, por este hecho se giraron siete órdenes de aprehensión en contra de elementos de la policía municipal por el delito de desaparición forzada.
Lucha interminable
Ante las alarmantes cifras, familias de las y los desaparecidos, activistas y asociaciones civiles demandan el esclarecimiento de los casos.
“Es una aberración, nunca hemos entendido cómo es posible que las víctimas tengamos que estar exigiendo a una Fiscalía o una institución investigar los delitos a base de amparos a base de quejas en derechos humanos de organizaciones que hagan su trabajo”, detalló Flores.
Asimismo, Flores expresó que: “El Ejecutivo prohibió a la Comisión Estatal de Desaparición del Estado de Jalisco, en los actos de búsqueda en vida pegar cédulas, sólo les permiten hacer volanteo entonces, cuando pedimos ayuda en una de búsqueda en donde posiblemente vieron a nuestro familiar no se puede hacer una pega de boletines porque para el Ejecutivo del Estado o para el Gobierno del estado de Jalisco afecta la imagen de la ciudad”.
En suma, las autoridades, en ocasiones, vinculan a las personas desaparecidas con los grupos del crimen organizado y desestiman sus casos. En los primeros 15 días de una desaparición, los impartidores de justicia se enfocan en buscar información para desacreditar a las víctimas.
Los más de 78 mil kilómetros cuadrados de la entidad, localizada al oeste del país, albergan, según registros oficiales, 159 fosas clandestinas, en las que han sido localizados restos que, en muchos casos siguen sin identificar.
“Las familias duran hasta un año en que les entreguen sus restos si tienen suerte y hay veces que falta una pieza un segmento y no les entregan el cuerpo hasta que esté el segmento: si falta el tórax o si falta la cabeza nunca te van a entregar tus restos”, recalcó Flores.
Por ello, dijo, urge que las autoridades estatales, federales y a la sociedad reconozcan el problema al que se enfrenta el país, pues las personas desaparecidas podrían ser obligadas al trabajo sexual, en sembradíos y laboratorios de droga, sicariato y diversos delitos.
Intensifican búsqueda de jóvenes desaparecidos en Jalisco