Jorge Luis Lavalle ex senador panista y el único exfuncionario detenido por presuntamente recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto, saldrá del Reclusorio Norte para continuar su proceso en prisión domiciliaria.
El exsenador es acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, pero un juez federal le revocó la prisión preventiva justificada y le concedió la libertad provisional portando un brazalete electrónico geolocalizador.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron que tentativamente el exsenador panista podría salir por las primeras horas del de mañana jueves.
La decisión del juez Marco Antonio Fuerte Tapia tuvo como fundamento el estado de salud del exlegislador, quien además del brazalete deberá entregar su pasaporte, no podrá salir del país y acudirá mensualmente a presentarse ante la autoridad judicial.
Lavalle fue señalado por Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, quien también se encuentra preso.
El exdirector de Pemex aseguró que existió una red de sobornos en la que participaron legisladores y políticos quienes recibieron dinero para aprobar la reforma energética peñista.
Su defensa, encabezada por Felipe Gómez Mont y José Luis Zapata, aún no ha hecho comentarios al respecto.
Odebretch, el caso de sobornos que alcanzó al sexenio de Calderón
Odebrecht, la empresa brasileña dedicada a la construcción ha protagonizado, junto con funcionarios de alto nivel en México y América Latina, uno de los escándalos de corrupción más grandes en las últimas década, ya que repartió sobornos para que le adjudicaran obras de infraestructura en varios países.
El caso se destapó en 2016 cuando la empresa se declaró culpable ante la Corte Federal de Nueva York de haber repartido sobornos entre 2005 y 2014 a funcionarios en por lo menos 12 países, entre ellos México.
En Brasil, por ejemplo, este caso alcanzó a expresidentes como Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue condenado a ocho años y 10 meses acusado de lavado de dinero y corrupción por el caso Odebretch.
En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo tras haber sido relacionado con el caso de la constructora brasileña y actualmente se encuentra en arresto domiciliario acusado de corrupción.
En México el caso Odebrecht ha tocado principalmente al sexenio de Enrique Peña Nieto, pues el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, participó en el reparto de sobornos por parte de la empresa brasileña.
Lozoya fue extraditado de España y actualmente cumple con un arresto domiciliario en lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones. El propio exfuncionario, a quien además se le prohibió participar en cargos públicos por 10 años, ha señalado que los sobornos no sólo se dieron en el sexenio de su exjefe, Enrique Peña Nieto, sino también en la administración de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012.
En julio, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Verónica Gutiérrez, programó para el 4 y 7 de noviembre las audiencias en las que se definirá si se suspenden los procesos penales o se declara la apertura del juicio oral contra el exdirector de Petróleos Mexicanos por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
De acuerdo con la notificación, la juez Gutiérrez Fuentes resolvió lo anterior por considerar que dichos procesos, emblemáticos en el combate a la corrupción y la impunidad, de la presente administración, no pueden continuar en la indefinición.
El 7 de junio, la defensa de Emilio “L” aseguró que su cliente estaba en la mejor disposición de cubrir íntegramente los montos solicitados por diversas autoridades, para completar la reparación del daño en los procesos que enfrenta por los casos Odebrecht y la compra-venta fraudulenta de la empresa Agro Nitrogenados.
Lozoya apunta contra funcionarios involucrados
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), denunció a su exjefe y a otros dos expresidentes: Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, entre otros exfuncionarios de alto nivel. La denuncia es parte del acuerdo de colaboración de Lozoya con la justicia mexicana.
La demanda también incluye a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y canciller con Peña Nieto; Javier García Cabeza de Vaca, entonces senador del PAN y ahora gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, también exsenador y exgobernador de Querétaro con el PAN.
En la demanda, Lozoya incluyó también a quienes contendieron en 2018 con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, del PRI, quien fue secretario de Energía con Peña Nieto; y Ricardo Anaya, abanderado del PAN y expresidente de la Cámara de Diputados.
el 13 de octubre de 2020, la UIF presentó ante la FGR, su denuncia formal contra Lavalle por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF acusa al panista de posibles transferencias irregulares por 20 millones de pesos a sus cuentas bancarias en Estados Unidos, y diversos depósitos en efectivo por otros 40 millones que no corresponden con los ingresos que tuvo como senador.
La FGR como la UIF aclararon que estas investigaciones abarcan a 70 personajes más mencionados en la denuncia del exdirector de Pemex.
Por otra parte, la defensa del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, presentó también una denuncia de hechos contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz y su fiscal especializado en Control Competencial, Juan Ramos López, por presuntos actos de tortura contra el también exdirector general de Pemex, Emilio “L”, en los casos de corrupción y sobornos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Por tal motivo, Exdirector de Pemex pidió a la FGR declarar nula denuncia de Lozoya por presuntos actos de corrupción.
Gobierno cambió acuerdos con Braskem-Odebrecht
En marzo de 2021, Pemex logró cambiar acuerdos con los que la administración de Felipe Calderón dio innumerables privilegios a la empresa Braskem-Idesa, ligada a Odebrecht.
Pemex estaba obligado a dar 66 mil barriles diarios durante dos décadas. Ahora, el suministro será de 30 mil barriles diarios y sólo por tres años.
Anteriormente, Brasken le compraba a Pemex el gas etano 30% más barato de lo que costaba en el mercado internacional. El nuevo contrato asegura que nuestra petrolera recibirá 100% de lo que cuesta en el mercado este energético.
El costo de transporte del gas etano nacional e importado estaba a cargo de Pemex, es decir, se pagaba de nuestros impuestos y Brasken se ahorraba ese dinero. Braskem pagaba solo 104 dólares por tonelada por traslado nacional e internacional. Ahora la empresa pagará 148 dólares por tonelada, más 30 dólares por viaje. Un total de 179 dólares solo en costos de traslado nacional, es decir, el estado le dejará de financiar 75 dólares, unos mil 500 pesos.
En el caso de la importación, pagará 148 dólares por tonelada, más 147 dólares por viaje. Un total de 296 dólares. Tres veces más de lo que pagaban anteriormente. Desde luego, se habla de miles de toneladas en cada operación.
Pero eso no es todo. Si Pemex incumplía en la entrega de barriles de gas, Braskem podía sancionarlo con 200% de penalización. Esto ya se derogó y en su lugar se establecerán sanciones equitativas para ambas partes. Y también se eliminó la sanción a la paraestatal mexicana, por 5 mil 200 millones de dólares, que esta empresa imponía por decidir terminar algún negocio ante incumplimiento de contrato.
En total, el Gobierno Federal afirmó que se ahorró 13 mil 749 millones de pesos.