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José Sánchez Pérez, nuevo titular del IMPI

El IMPI es el organismo encargado de proteger los derechos de propiedad industrial de las personas emprendedoras e inventoras en México.

Durante la Cuarta Junta Ordinaria del Órgano de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue nombrado director general de este organismo el licenciado José Sánchez Pérez.

Formación profesional y experiencia de José Sánchez Pérez

El nuevo titular es egresado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias por la Universidad de Utah – Salt Lake City. Se desempeñó como director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que forma parte de la plataforma logística del Corredor Interoceánico.

Cuenta con una amplia experiencia en cargos de alto nivel en el servicio público en dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

¿Qué es el IMPI?

El IMPI es el organismo encargado de proteger los derechos de propiedad industrial de las personas emprendedoras e inventoras en México, actividad esencial para impulsar el desarrollo económico equitativo y justo.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el IMPI. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances, así como diversas modificaciones en su operación, ya que, a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

  • Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;
  • Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
  • Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y
  • Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado “de las infracciones administrativas en materia de comercio” señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional “El IMPI hacia el año 2000”, siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

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