El Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en el Estado de México dio un plazo de cinco días hábiles al Gobierno federal para modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, e inicie la inoculación de los menores de 18 años sin importar su estado de salud.
La secretaria en funciones de jueza, Claudia Irene Gámez, advirtió que en caso de desacato se presentará la denuncia ante la Fiscalía General de la República, por incurrir en el delito de abuso de autoridad.
De acuerdo a la notificación del acuerdo, se deja en claro que si las autoridades sanitarias federales emiten un acuerdo interno para ordenar abstenerse de recibir promociones, demandas, amparos o requerimientos del presente amparo, entonces serán notificadas en los correos electrónicos institucionales.
Se agrega que en caso de que la autoridad responsable no admita la notificación por esta última vía, el actuario acudirá a la sede de las dependencias a levantar un acta, asentará la negativa de los servidores públicos y se dará por hecha la notificación.
En su resolución, la autoridad judicial enfatizó que ningún acuerdo administrativo interno puede estar por encima de las disposiciones que establece la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, pues la instrucción referida trastoca lo que establece el artículo 17 de la Ley.
Además de que las autoridades referidas están en aptitud de implementar las medidas necesarias a efecto de atender los requerimientos judiciales, como la designación de correos electrónicos.