Un juez de distrito del Centro de Justicia Penal del Altiplano, dictaminó la no vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios del Estado de México y tres exdirectivos del Consejo Directivo de la empresa Aleática, anteriormente conocida como OHL México.
Estos individuos fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por explotación ilegal de un bien de la nación a través de concesiones ilegales, en el caso conocido como “Viaducto Bicentenario”.
Durante la audiencia inicial, el juez reconoció que Aleática no contaba con una concesión expedida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para explotar un bien de la nación. Sin embargo, argumentó que este título de concesión fue convalidado por la SICT en 2021.
El Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado Bicentenario, aún inconcluso, es una estructura vial que conecta varios municipios de la zona conurbada del Estado de México con la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República anunció que apelará la determinación del juez y emprenderá acciones legales en su contra, ya que considera que emitió una opinión sobre el caso antes de conocer los datos de prueba de su representación ministerial.
Con este fallo judicial, quedan exonerados de toda responsabilidad los exdirectivos de Aleática, Andrés Oteysa, Sergio Hidalgo y el actual presidente del consejo directivo de este consorcio, Rubén López Barrera, además de los exfuncionarios mexiquenses Ernesto Nemer Álvarez, quien fue secretario general de Gobierno durante el sexenio de Alfredo del Mazo, Luis Limón Chávez, exsecretario de movilidad, y Tomás Angulo Lara, exdirector de servicios de autopistas, aeropuertos y servicios conexos del Estado de México, así como Joaquín González Bezare, extitular de la Junta de Caminos.
Por su parte, la Fiscalía General de la República sostiene que el Gobierno del Estado de México nunca obtuvo una concesión federal para disponer del dominio de una vía de comunicación federal, propiedad de la nación, como lo es el Viaducto Bicentenario.
Agrega que la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., en 2008, fue absolutamente ilegal, cometiendo el delito de explotación de un bien de la nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.
La FGR asegura que este ilícito permitió el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiendo el 99.5% de los ingresos totales de esa vía federal, y dejando al Gobierno del Estado de México solo 42 millones, equivalentes al 0.5%.
Agregó que desde agosto de 2011, y en marzo de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló la presunción del delito federal correspondiente.
La FGR informó que iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la nación.