El exprocurador general de la República, Jesús “M”, se mantendrá en el Reclusorio Norte como presunto responsable de los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada, reclasificada con base en la ley vigente, cuando se registraron los hechos del caso Ayotzinapa.
Luego de otras 12 horas de continuación de la audiencia de imputación, el Juez de Control, Marco Antonio Fuerte, dictó la vinculación a proceso contra el titular de la desaparecida PGR, en tiempos de Peña Nieto y le ratificó la prisión preventiva justificada, ante el alto riesgo de fuga, la posible obstaculización de las investigaciones y el alto perfil del caso Ayotzinapa.
El juez fuerte tapia fijó a la representación ministerial de la Fiscalía General de la República un plazo de 90 días para concluir con las investigaciones complementarias.
El condujo la investigación, se responsabilizó de la investigación el estaba cargo en términos jerárquicos. en términos normativos quedó probado que él dirige la institución entonces como rector de esta institución el estuvo al tanto de lo que pudo haber ocurrido’’, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Durante la audiencia, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal calificó de razonables y suficientes la imputaciones hechas por la representación de la FGR contra el político priista.
La fiscal Lidia Bustamante sostuvo que el imputado no solo no denunció la tortura de los detenidos, sino instrumentó una falsa verdad histórica para encubrir a presuntos responsables y desviar las investigaciones, para no llegar a la verdad y esclarecimiento de los hechos.
La defensa, por su parte, afirmó que no existe un solo dato de prueba que soporte las acusaciones de la FGR contra su representado, y en un intento desesperado por librarlo de la prisión, metieron de última hora a la audiencia a un testigo experto en medidas cautelares, que de poco o casi nada les sirvió.
En la audiencia quedó de manifiesto la propiedad de una sexta residencia de Jesús “M”, y que fueron elementos de marina y de la extinta Policía Federal, los que detuvieron a las presuntas víctimas torturadas por Tomás Zerón, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
Y que faltan por detener todavía a muchos probables implicados, como Zerón de Lucio, aun prófugo de la justicia mexicana, en Israel.
“Sí, obviamente falta obviamente Tomás Zerón; es alguien que está pendiente. ustedes ya han sabido que hay otras órdenes de aprehensión que están ya anunciadas. bueno, nosotros esperamos que se actúe en consecuencia verdad’’, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Al hacer uso de la palabras Jesús “M” afirmó que podía reconocer que se cometieron errores y que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero dijo que que los grupos argentinos e interamericanos que se encargaron de todo el análisis de los restos de los normalistas hallados, han buscado muchas alternativas, pero no han podido echar abajo las hipótesis de sus investigaciones.
Con el uniforme beige de los internos del Reclusorio, cubre bocas a la barbilla y casi todo el tiempo con las manos en los bolsillos de su chamarra, el también exgobernador de Hidalgo, negó haber participado en alguna diligencia de campo, para manipular las indagaciones.
Antes de dar por terminada la audiencia el juez dio la palabra a la madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quien de frente, exigió al exprocurador priista decir que fue de sus hijos desaparecidos. “a dónde los dejó”.
¿Cuál es la “Verdad Histórica”?
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “Verdad Histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el Río San Juan.
Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales y no hay indicios de que estén vivos.
Aguirre aseguró tener la conciencia tranquila y dijo que, desde las investigaciones en 2014, cortó su relación con el gobierno guerrerense para colaborar, cuando se separó por decisión propia, y la presión mediática en torno a las fallas en la atención de la inseguridad en el tiempo que administró el estado.
“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la ‘Verdad Histórica’, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, manifestó Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero.
Aguirre manifestó como necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones y quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia, y dijo que, de acuerdo con el informe de la propia Comisión para la Verdad, participaron elementos de instituciones federales y municipales.
Abundó que tras el informe contactó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para expresarle su disposición de colaborar en la investigación del caso hasta que concluya.
“Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos”, afirmó.
Aguirre dimitió a la gubernatura en octubre de 2014 en medio de protestas y señalamientos en su contra. En 2019, fue llamado a declarar por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al igual que el exprocurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera.
Gobierno presenta conclusiones del caso Ayotzinapa
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer La semana pasada las conclusiones sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre los que subrayó la colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de Gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos, en este caso.
A tres años de trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas expuso que no hay indicio alguno de que los 43 estudiantes estén con vida, “fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Asimismo, indicó que se han analizado 41 mil 168 documentos y 17 mil sesiones de audio sobre el caso, así como archivos de la Marina y la Defensa Nacional, de donde se han obtenido más de nueve mil documentos.
“La llamada verdad historia del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, sentenció Encinas durante el informe.
Además, dijo que el delito de desaparición forzada no prescribe, aunque algunos jueces así lo consideran y han soltado a personas presuntamente implicadas, a una la soltaron por 10 mil pesos.