El Juzgado Octavo de Distrito en materia de amparo y juicios federales negó el amparo de la ley al extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR, Tomás “Z”, contra la orden de aprehensión en su contra, como presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia durante las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
De acuerdo a la notificación, el juez José Fernando García Quiroz, titular del juzgado, consideró infundados los argumentos de Tomás “Z”, conra la investigación iniciada en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue creado por comisión interamericana de derechos humanos, para brindar asistencia técnica internacional, con el propósito de ser fiscalizadores de las acciones desarrolladas por el estado mexicano durante la pasada administración.
Precisó que la función de fiscal especial, Omar Gómez Trejo, como secretario ejecutivo del GIEI y como actual titular de la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, son diferentes, “pues en el primero de los cargos, su función se limitó a ser la conexión para facilitar las labores de los expertos en la investigación.
Actualmente, agregó el impartidor de justicia, el fiscal especial para el caso iguala, está facultado para la investigación de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
En demanda de amparo, Tomás “Z”, asegura que su presencia en el río san juan, en Cocula, el 28 de octubre de 2014, fue apegada a la ley, y en cuya diligencia se localizó una bolsa de plástico con restos óseos, aparentemente sembrados, a partir de una declaración de Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los presuntos jefes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Cabe recordar que, de acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, “El Chereje”, uno de los presuntos jefes de sicarios de ”Guerreros Unidos’’, quien presuntamente participó en la desaparición de los 43 normalistas, y hoy testigo protegido, declaró a la fiscalía que Tomás “Z”, lo obligó a mentir para que pareciera que él arrojó las bolsas con restos óseos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.