El juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa negó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Pro, la suspensión de la toma del control operativo de la Guardia Nacional (GN), por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al acatar la resolución de un Tribunal Colegiado, la juez Ana Luisa Priego, titular del juzgado, en principio admitió a trámite el amparo interpuesto por el Centro de Derechos Humanos.
Sin embargo, le negó la suspensión, pues la juzgadora dijo que de conceder la suspensión, se generarían efectos que formarán parte de la resolución de fondo en el juicio de amparo y que son propios de la sentencia definitiva que decida en el juicio.
En su demanda de amparo, el Centro Pro impugnó el oficio, por medio del cual el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que en la reunión del 6 de octubre de 2020, del Gabinete de Seguridad Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó todas las propuestas para pasar el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
El demandante agregó que las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional serán coordinadas operativamente por la Sedena, a través de los comandantes de las diversas regiones militares del país, lo que implicaría una virtual militarización.
Al respecto, el juárez destacó que el control operativo de la Guardia Nacional, por parte del Ejército Mexicano, tendrá un efecto directo en la violación de derechos humanos, por la vulneración al carácter civil de las corporaciones de seguridad y que genera un riesgo en el incremento de actos que vulneren la integridad de las personas.
La juez Ana Luisa Priego dio un plazo de 15 días hábiles al Gobierno para rendir un informe justificado sobre el tema y fijó la audiencia constitucional para el próximo 18 de noviembre de este año.