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Juez niega nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles

Rosario Robles Berlanga

FOTO: CUARTOSCURO

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó librar una nueva orden de aprehensión contra la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y lavado de dinero, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

La resolución fue emitida el pasado 3 de abril en acatamiento a la sentencia de un Tribunal Colegiado que confirmó el amparo concedido en primera instancia a la exfuncionaria federal del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El tribunal había ordenado reponer el procedimiento y con libertad de jurisdicción determinar si procedía o no librar la orden de captura, o si Robles Berlanga debía ser citada a una audiencia para ser notificada sobre la existencia de dicha orden de aprehensión.

En su fallo, el juez deja en claro que analizará nuevamente la petición de la representación ministerial de la FGR, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y forma en que supuestamente se cometieron los ilícitos que se imputan a la también ex Jefa de Gobierno de la Ciudad por el PRD.

El juzgador sostiene los agravios que argumenta la FGR, a su juicio, no combaten las consideraciones que sustentaron la concesión del amparo.

No obstante, el fallo del juzgado de amparo se llevará unos días para analizar la decisión del juez de control, para determinar si la sentencia se cumplió en los términos ordenados.

¿Qué es la “Estafa Maestra”?

El Ministerio Público Federal sostiene que la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, habría incurrido en el delito de lavado de dinero a través de “factureras” por 77 millones 847 mil pesos, que la Sedesol pagó a la Universidad Autónoma de Morelos, en el marco de la llamada “Estafa Maestra”.

La investigación sobre la llamada “Estafa Maestra”, reveló que la entonces funcionaria omitió evitar o denunciar actos ejecutados por terceras personas que podrían haber causado un daño a la Hacienda Pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.

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