El Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tamaulipas ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda desbloquear las cuentas bancarias del senador del PAN, Ismael “G”, hermano del gobernador de ese estado, Francisco Javier “G”, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El juez Faustino Gutiérrez, titular del Juzgado, concedió la suspensión provisional en la demanda de amparo interpuesta por el hermano del mandatario estatal panista contra el bloqueo ordenado por la UIF, en el marco de su denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su demanda, Ismael G” señaló que la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, le congeló cuatro cuentas en Banregio y Banco Mercantil del Norte, hecho que calificó como inconstitucional.
De acuerdo con la notificación del acuerdo, el juez concedió la suspensión provisional al legislador panista, ya que no se cuenta con algún elemento que permita concluir que con la suspensión se ocasionaría un perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público.
El impartidor de justicia agregó que hasta el momento se desconoce el origen y el sustento legal del bloqueo, el cual, de continuar, ocasionaría daños y perjuicios de difícil reparo al quejoso, consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de las cuentas de las que es titular.
No es válido, añadió el juzgador, afirmar que la concesión de la medida cautelar tendrá como consecuencia permitir que se lleven a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, pues no se cuenta con las constancias necesarias que demuestren ese extremo.
De acuerdo con la UIF, la inclusión de Ismael “G” en la lista de personas bloqueadas, deriva de la existencia de elementos suficientes para inferir que las cuentas bancarias estaban siendo utilizadas para operar recursos que tienen una procedencia ilícita dentro del sistema financiero.
En contraposición, el juez Gutiérrez Pérez señaló que, en lugar de presentar la denuncia para dar paso a la intervención del ministerio público, la UIF dio por hecho que sí se cometió un delito como parte de una investigación que, cuando menos, es materialmente de orden criminal y competencia del Ministerio Público Federal.