Los magistrados del noveno tribunal colegiado del primer circuito en materia penal, confirmaron por unanimidad la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo, que el pasado 12 de junio concedió a la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario “R”, un amparo para revisar la medida cautelar de prisión preventiva justifica, que le fue impuesta, por su participación en la llamada “Estafa Maestra’’.
Lo anterior significa que el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos deberá citar a una nueva audiencia, a más tardar el próximo lunes, para revisar y evaluar la posibilidad de modificar la medida cautelar impuesta a la imputada, como probable responsable de los delitos de omisión y ejercicio indebido del servicio púbico durante.
Luego de que la Fiscalía General de la República y la auditoría superior de la Federación interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución del juez Augusto Octavio Mejía, titular del juzgado, el magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez presentó una ponencia al pleno del noveno tribunal colegiado, para confirmar el otorgamiento del amparo.
De acuerdo con la notificación de la resolución, el juez determinó que la licencia para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa, y que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobada la residencia de Rosario “R” en Ciudad de México.
El proyecto aprobado por el tribunal desestimó los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, para solicitar la prisión preventiva justificada, y determinó amparar y proteger a la quejosa para los efectos de la resolución anterior.
En su resolución, el tribunal colegiado también determinó que el recurso de revisión solicitado por la FGR es improcedente, por considerar que sus agravios son infundados e inoperantes.
Hay que recordar que la secretaria de Estado durante la gestión de Enrique Peña se encuentra recluida desde el 13 de agosto de 2019 en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, como presunta responsable de un daño a la hacienda pública por más de 5 mil 73 millones de pesos, a través de la llamada “Estafa Maestra’’.