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Juez vincula a proceso a dos excolaboradores de Rosario “R’’

El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad México vinculó a proceso a Juan Manuel “L”, exfuncionario de Sedesol y a Noé “M”, exrector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, como presuntos responsables de uso indebido de atribuciones y facultades, en el caso de la “Estafa Maestra” durante la gestión de Rosario “R”, actualmente vinculada en el proceso y en prisión preventiva justificada en el Penal de Santa Martha Acatitla, por los delitos de omisión y ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez de control calificó de suficientes las pruebas presentadas a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) para iniciar el proceso penal contra los dos imputados.

Ambos implicados enfrentarán en libertad su proceso penal luego de que el juez les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual al juzgado.

Se dio a la FGR cuatro meses como plazo para terminar con la investigación complementaria.

Juan Manuel “L” se desempeñaba como titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Rosario “R”. Se le señala como presunto responsable de contratar indebidamente servicios con recursos económicos públicos y solicitar el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.

Por su parte, Noé “M”, era de rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante la firma de los contratos fraudulentos, que se llegaron a concretar con más de 20 universidades e instituciones públicas, para la supuesta difusión de la cruzada contra el hambre, con un daño total al erario de más de 5 mil 63 millones de pesos.

Se le acusa de ser parte de esa contratación indebida de servicios, ocasionando con su actuar un detrimento a la hacienda pública federal por más de 319 millones de pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación.

 

 

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