El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México concedió al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR, Tomás Zerón, una suspensión provisional en el amparo interpuesto contra las acusaciones de tortura durante las investigaciones del caso Iguala, por parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
De acuerdo con la notificación, la jueza María Isabel Bernal, titular del juzgado, con fundamento en la Ley de Amparo, “se concede la suspensión provisional a Tomás Zerón, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales, escritas en páginas oficiales o redes sociales”.
Específicamente en las que se le mencione como el que realizó actos de tortura o creó la “Verdad Histórica” en el caso Ayotzinapa, que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, y cuyas investigaciones, a nueve años, no han logrado llevar al esclarecimiento total de los hechos.
En su demanda de amparo, Zerón impugna las declaraciones del subsecretario de Gobernación, por considerar que son violatorias de su derecho a la presunción de inocencia en el debido proceso.
El 25 de agosto de agosto, Alejandro Encinas, señaló que el exfuncionario federal del sexenio de Enrique Peña Nieto, había obtenido declaraciones falsas mediante el uso de la fuerza y con base en ellas construyó una narrativa a modo del Gobierno Federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Para el Gobierno Federal, la tortura física y psicológica de personas, fue una de las múltiples falacias en las que se inspiró la construcción de la llamada “Verdad Histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
No hay que olvidar que Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia mexicana por los presuntos delitos de tortura y alternación de pruebas en el caso Ayotzinapa, reside en Israel, sin que a la fecha las autoridades de ese país, hayan respondido a las peticiones del Gobierno de México de permitir su repatriación, para que responda por los cargos ante la justicia mexicana.