La jueza Celina Quintero Rico, titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en materia Administrativa, concedió una suspensión provisional a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y ordenó al Senado de la República nombrar a los tres comisionados faltantes, lo que mantiene en la inoperancia jurídica a dicho instituto autónomo.
Según la notificación del acuerdo, la jueza Quintero Rico concedió la suspensión al demandante del amparo, con el fin de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado someta al Pleno el nombramiento de quien sustituirá a Javier Acuña, cuyo encargo concluyó el pasado 1 de abril.
Sin embargo, en este caso, la Jucopo todavía puede impugnar la resolución judicial de primera instancia, lo que turnaría el caso a un Tribunal Colegiado, el cual resolvería en su momento si confirma, modifica o revoca el dictamen de la jueza.
Por el momento, la jueza Celina Quintero dio un plazo de 48 horas para que la Jucopo, presidida por el senador Ricardo Monreal, acredite sin reservas el cumplimiento de la suspensión y en la que se ordena nombre a los comisionados faltantes del INAI.
La juzgadora fijó para el próximo 9 de mayo la celebración de la audiencia incidental, donde resolverá si concede o no la suspensión definitiva al amparo interpuesto al representante del INAI.
Sin acuerdos de votación
Anteriormente, el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la mayoría parlamentaria, Ricardo Monreal, había anunciado que se llegó a un acuerdo para llevar el nombramiento a votación ante el Pleno.
Sin embargo, al votarse, no se alcanzaron las tres quintas partes de los votos a favor requeridos para su nombramiento, lo que ocasionó que la oposición intentara tomar la tribuna del recinto legislativo para frenar la última sesión de su periodo ordinario, empujando un receso forzoso.
La propia comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, advirtió que son los derechos de los mexicanos de acceder a información pública y proteger sus datos personales los que “están en juego” por la falta de su quórum legal.
Con esta negativa, el INAI no sólo no puede resolver controversias cuando un ciudadano no reciba completa o se le niegue información por cualquier entidad mexicana que administre recursos públicos, sino que tampoco puede promover controversias constitucionales.
Así como tampoco puede resolver vulneraciones de datos personales por un particular o tramitar asuntos de otros órganos locales que también están inoperantes ante la falta de sus quórums legales.
Por ello, el INAI acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir que se les permitiera sesionar con cuatro miembros, pero la ministra Loretta Ortiz rechazó su solicitud, por lo que los comisionados advirtieron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).