“Todavía no hemos sido notificados formalmente”, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el último recurso admitido para frenar la reforma al Poder Judicial mediante un amparo que pide que se elimine la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Al respecto, Sheinbaum explicó que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece que el juicio de amparo es improcedente contra:
- Adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Actos del Consejo de la Judicatura Federal
- Resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- Actos del Congreso de la Unión o Comisión Permanente
“Hice una consulta a través de la Consejería Jurídica a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación; nunca se había recibido en 30 años al menos, que tiene esta persona en el DOF, una notificación para eliminar [una publicación]”, apuntó la Presidenta.
Sheinbaum Pardo adelantó que la Consejería Jurídica notificará al Consejo de la Judicatura Federal sobre el actuar de la jueza que otorgó la suspensión para eliminar del DOF la reforma judicial.
“Ya están diciendo que estoy en desacato, bueno hasta de violencia política de género me acusaron […] Es claro y notorio que se está violando la Ley de Amparo y aun así se está haciendo una resolución de una suspensión”, señaló.
Añadió que una vez que el Gobierno Federal sea notificado sobre la resolución de la jueza, preguntará al Poder Legislativo “¿Es factible que una jueza pida esto dado que ustedes ordenaron que se publicara?”
“Ahora una jueza, violando completamente la Ley de Amparo pide que se elimine del DOF […] Quien está en desacato es la jueza”, aseguró.
En el mismo sentido, hizo un resumen cronológico del proceso mediante el cual se analizó y aprobó la reforma al Poder Judicial.
“Aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado acciones de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto, y sin embargo se han aceptado por la Corte”, criticó.
Recordó que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, como lo señala el artículo 39 de la Constitución, y añadió que el artículo 135 establece que ésta puede ser modificada mediante el voto de las dos terceras partes de los escaños presentes en el Congreso de la Unión y el aval de la mayoría de los Congresos locales.
“La Constitución se ha modificado una gran cantidad de veces desde la Constitución de 1917 siguiendo este artículo (135)”, apuntó.
La Presidenta explicó que, del 27 de junio al 8 de agosto, la Cámara de Diputados abrió el diálogo sobre la reforma al Poder Judicial, por lo que se realizaron diversos foros en todo el país.” Por esos diálogos se hicieron modificaciones a la propuesta original”, dijo.
Exhiben actuación del PJF
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhibió los amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, mediante resoluciones de miembros del Poder Judicial Federal (PJF) que invaden así la competencia de poderes.
Acusó a miembros del Poder Judicial de intentar, cientos de veces, de paralizar proyectos importantes como obras públicas o políticas de bienestar; también han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias generando impunidad y negando el acceso a la justicia.
“Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía”, apuntó la funcionaria.
La funcionaria criticó especialmente la injerencia del Poder Judicial en temas electorales; recordó que en diciembre de 2023 la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, convocó a una reunión privada a la que asistió el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
Asimismo, mencionó la venta de exámenes dentro de la Escuela Judicial y señaló que los concursos de oposición son impugnados por los propios jueces y magistrados a causa de inequidad, influyentismo y falta de criterios objetivos.
“La persona que acumula más familiares trabajando en el Poder Judicial acumula 26 parientes, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales”, dijo la funcionaria.
Además, la titular de Segob enfatizó que la actuación de funcionarios del Poder Judicial ha generado inconformidades; de 2004 a 2023, se presentaron 38 mil quejas en su contra, de las cuales 86% fueron desechadas sin iniciar una investigación.
Sobre los altos sueldos que perciben los miembros del Poder Judicial, la secretaria de Gobernación detalló el desglose del salario de un ministro, un magistrado un juez de distrito.
