Este miércoles, el Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, desechó un incidente de revocación interpuesto por la representación jurídica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la suspensión definitiva concedida por un juez de amparo y que mantiene frenada la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.
La jueza Karla María Macías, titular del juzgado, declaró improcedente la demanda de revocación interpuesta por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la defensa contra la suspensión que ordena devolver el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo a esta resolución, se mantiene vigente la suspensión otorgada a la organización “Uniendo Caminos”, contra el decreto con el que la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría de la Defensa.
La impartidora de justicia llevó a cabo el pasado 20 de diciembre la audiencia constitucional, por lo que en los próximos días deberá dar a conocer si concedió o no el amparo definitivo a la parte quejosa.
¿Qué contiene la reforma sobre la transferencia de la GN a Sedena?
La reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los cambios buscan responder a la necesidad inmediata de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos frente a lo apremiante que resulta enfrentar los retos emergentes que la violencia criminal plantea al Estado mexicano.
Por lo anterior, el secretario de la Defensa tendrá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La reforma aprobada por el Congreso mantiene la obligación de la Guardia Nacional de proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Además, la profesionalización del personal de la Guardia Nacional podría realizarse mediante las instituciones de educación y centros de adiestramiento de la fuerza armada permanente.
La reforma reconoce como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea, a los elementos que se encuentren asignados a la Guardia Nacional que se mantendrán sujetos al fuero militar para efectos disciplinarios y que conservarán su antigüedad y prestaciones sociales.