Se llevó a cabo, el 19 de febrero, el Sexto Foro Virtual “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Quintana Roo: por el derecho a decidir” con representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVEQROO), Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La penalización del aborto atenta contra los derechos humanos y criminaliza a las mujeres
En este panel sobresalió una postura a favor de la despenalización del aborto. Geru Aparicio Aviña, Victimóloga capacitadora de la CEAVEQROO, en su intervención señaló que, en el caso de un hospital, los tocó llevar a cabo la investigación de los contactos que habían hecho de mujeres que vivian una situación de violencia: fisica, emocional, abandono y sexual. Recabaron información sobre las canalizaciones al Ministerio Público y encontraron que eran mínimas en comparación con la cantidad de mujeres que habían llegado a urgencias por un procedimiento de aborto clandestino.
En este último, encontraron que eran atendidas en un contexto de violencia obstétrica y además eran remitidas al Ministerio Público. Uno de los problemas, tal como señaló la victimóloga, era que “el personal médico no se asume como persona del servicio público. y por lo tanto, hay una violación de los derechos humanos a las mujeres que acuden a un procedimiento de emergencia al hospital.”
En su participación afirmó que hay discriminación, porque a las mujeres se les niega un procedimiento y el acceso a la interrupción del embarazo. Comentó que:
Se tiene la idea de que todas deben de ser madres, entonces […] está obligando a las mujeres, por discriminación, a cumplir un mandato de esterotipo donde tenemos tres posibles circunstancias: o estas mujeres son forzadas a gestar, parir, maternar cuando no lo desean; ser criminalizadas por vincularlas a MP, por un delito; confinarlas a procedimientos clandestinos donde no se salvaguardan ni la vida, ni la integridad física y emocional.
La maternidad forzada es considerada incluso tortura
Por su parte, Amelia Ojeda, consultante y formadora de CEAVEQROO, resaltó que desde el punto de vista del litigio se ha demostrado que las mujeres son doblemente víctimas en el tipo penal de aborto, en caso de violación: “una, por el delito al cual estuvieron sujetas y la otra es la violencia institucional que se ejerce sobre ellas al no garantizarles el acceso a un servicio de interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación.” Consideró que hay obstáculos institucionales que afectan a las mujeres:
Si una mujer fue víctima de violación, que se le niegue la interrupción del embarazo, la hace víctima de la violencia institucional y eso obliga al Estado a la reparación del daño que le ha causado a esta mujer. Incumplir con estas obligaciones genera, para el Estado, una responsabilidad que va desde la prestación de los servicios médicos y psicológicos, por este impacto negativo en su salud y en su vida, hasta la indemnización por el daño moral que ha estado viviendo al imponérsele una maternidad, incrementar su sufrimiento, por la negativa y obstaculización.
Karla Patricia Rivero González, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, cómpartió experiencias bajo la misma óptica, sobre cómo la penalización del aborto afecta a las mujeres víctimas de violación. Señaló que sus derechos son violados: “el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a que puedan decidir con libertad sobre su proyecto de vida.”
Compartió que:
La maternidad forzada es considerada incluso tortura. Esto nos lleva a mirar de manera integral lo que le pasa las mujeres dentro de un orden social de género, en donde nos encontramos oprimidas ya que también podemos ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos por no poderlos ejercer de manera plena”, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Por otro lado, María Consuelo Mejía Piñeros, secretaria técnica de la Junta de Gobierno del Inmujeres, señaló que la despenalización sería una posibilidad para las mujeres de escasos recursos, para que “puedan salvar su vida e integridad accediendo a estos servicios, porque el aborto es también un problema de justicia social.”
Compartió que la despenalización del aborto es importante para ampliar la democracia, porque “México es un estado laico y sus políticas tienen que regirse por la evidencia científica, los acuerdos internacionales, información objetiva, clara y concreta para regular estas situaciones. Más adelante apuntó que:
En México hay abortos, todos los días, todos los años, en todos los estados y en todos los estratos sociales. Despenalizar no significa, tampoco, que todas las mujeres van a ir corriendo a abortar, ese es un mito absurdo. Las mujeres se embarazan indeseadamente: por la condición de marginalidad, de dominación y de violencia que estamos viviendo en este país.
Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en su participación pidió objetividad y remarcó que existe una responsabilidad de impulsar la igualdad para el ejercico del actuar estatal, bajo la perspectiva de genero, y que se deben atender instrumentos internacionales y federales, para asegurar los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Por su parte, la directora general del DIF, María Elba Carraza compartió que la Institución se dedica a la prevención del embarazo y al apoyo de la adopción. Señaló que ellos apuestan por la prevención del embarazo, “del 2018 a la fecha hemos atendido 6 mil niñas y 5 mil niños. [También] a 4431 mujeres por algun tipo de violencia familiar. Nnguna de estas mujeres han solicitado el aborto.” Compartió que con las niñas y adolescentes con las que han trabajo, ninguna ha solicitado abortos y que “sólo una menor dio en adopción a su bebé, producto de una violación por parte de su padre”.
Al ser cuestionadas sobre por qué el Congreso debía aprobar dicha iniciativa, resaltaron que es un tema de derechos humanos y una deuda con las mujeres del Estado. Amelia Ojeda, concluyó que “es un tema de democracia, donde se deben tener presentes los principios de igualdad y no discriminación. En la medida en que una sola mujer vea negado su derecho no estamos en un Estado respetuoso, es una oportunidad para Quintana Roo, para generarar este proceso de apertura y garantía de los derechos humanos.”
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