La “verdad histórica” sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país. Con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de Estado.
Aguas blancas, El Charco, El bosque, Tlatlaya, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de Gobiernos pasados para encubrir crímenes, para dar impunidad a los responsables o para ocultar la negligencia del Gobierno en turno.
Las mentiras fueron maquiladas bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mandos civiles.
La masacre de Tlatlaya, San Pedro Limón, Estado de México el 30 de junio del 2014, es otra mentira histórica. La mañana siguiente a ese día, México despertó con la noticia de que 22 presuntos criminales habían muerto durante un enfrentamiento con el Ejército en la comunidad de Tlatlaya.
El ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a 3 personas que estaban secuestradas. Lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército, en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”, dijo en aquel momento Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México de 2011 a 2017.
El operativo de mentiras se comenzó a poner en marcha y el Gobierno de Enrique Peña Nieto de inmediato dijo que los presuntos delincuentes habían agredido primero a los militares.
Esa fue la versión oficial de la “mentira histórica” de los Gobiernos del presidente Enrique Peña Nieto y del entonces gobernador Eruviel Ávila.
“Desde el interior les empieza a disparar a nuestros soldados. Un soldado recibe un impacto en el chaleco y lo tumba con el impacto. Los demás piensan que el soldado está herido o muerto y entonces responden a la agresión y disparan al lugar donde estaban saliendo los impactos”, narró el entonces secretario de la Defensa Nacional (2012-2018), Salvador Cienfuegos Zepeda.
Sin embargo, ni Peña ni Eruviel contaban con que periodistas como el español Pablo Ferri tomaría la iniciativa de ir a Tlatlaya para encontrar la verdad.
Con el trabajo del reportero se echaría abajo la versión con que el Gobierno de Peña quiso engañar a las y los mexicanos.
El reportaje de Ferri señalaba que hubo ejecuciones extrajudiciales, en total la masacre dejó 22 muertos, 15 de ellos ejecutados a mansalva.
Y Eruviel Ávila se jactó de que el Ejército había actuado para proteger a la sociedad de los delincuentes que estaban en esa bodega que estaba en obra negra, donde había una menor de edad y la señora Clara Gómez había ido a buscar a su hija a la bodega”, mencionó Patricia Barba, analista y activista política.
De esta forma, Érika, hija de la señora Clara Gómez, fue una de las víctimas que perdió la vida en esa bodega.
“Por qué ejecutaron a mi hija menor de edad, Erika Gómez, pido justicia. Yo lo que quiero es justicia por lo que hicieron con mi hija no tienen perdón de dios y quiero que se castigue a los responsables también”, dijo Clara Gómez, testigo y madre de Érika.
Foto: CuartOscuro.
Documentos militares revelados más tarde señalaban cuál fue la instrucción en Tlatlaya, misma que se repitió en otras masacres.
“La instrucción era abatir delincuentes en horas de oscuridad. O sea, tenían toda la directriz de asesinar, de aniquilar”, mencionó Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Testimonios de tres mujeres sobrevivientes indican que los civiles estaban desarmados y rendidos.
Fotografías de la masacre revelan que 15 de las víctimas fueron ejecutadas, las huellas de sangre en la pared delataron tiros de gracia. Manchas de lodo en las rodillas y abdomen de las víctimas sugieren que fueron puestos de rodillas y fusilados.
“Tú dices porqué esas prácticas, esos soldados actuaban de esa manera por la forma como se les empoderaba, porque les decían ‘acaben a como dé lugar como todo mundo, sin miramientos’. Fueron las órdenes que daban Enrique Peña Nieto y las órdenes que daba Felipe Calderón”, comentó Patricia Barba, analista y activista política.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que a los cuerpos les sembraron armas. A pesar de que ese mismo año la CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al gobernador Eruviel Ávila, nunca llegó la justicia.
Foto: CuartOscuro.
“En este modelo de narco estado policiaco militar con las masacres de San Fernando en Tamaulipas, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, que eran masacres donde no hay enfrentamientos. En lugar de detenidos, había muertos, o sea el mejor delincuente era el delincuente muerto”, señaló Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Tres de los soldados que enfrentaban un proceso penal del fuero civil por homicidio fueron liberados en 2016.
Las “verdades históricas” creadas en sexenios pasados para fabricar culpables eran la forma de justificar la violencia frente a la sociedad.
“Parece muy fácil porque son verdades de Estado, y las verdades de Estado se acuñaron por ahí del 2002 cuando el presidente Fox renunció a que los medios que ocupan el espacio radio eléctrico, les dio un poder mayor a todos esos grupos empresariales que son parte del Estado aunque no sean parte del poder público”, dijo Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
El cambio de régimen en 2018 luego de casi 40 años de neoliberalismo, representa una luz en el camino para terminar para siempre con los crímenes de estado y encontrar justicia, apuntan expertos. Hoy está comprobado en Tlatlaya hubo ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos de civiles, de las cuales fue responsable el Gobierno de Enrique Peña Nieto