El cerco se cerró en Chiapas. Tras años de desplazamientos y señalamientos internacionales, Yoel A., ciudadano de origen rumano e integrante de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, fue detenido por su participación en delincuencia organizada con fines de trata de personas, específicamente por matrimonios forzados de menores.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el hombre operaba como parte de una estructura criminal dedicada a extraer niñas y adolescentes de comunidades pequeñas para obligarlas a casarse con adultos del grupo religioso.
El juez dictó prisión preventiva oficiosa, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.
El caso tiene raíces fuera de nuestro país, ya que Yoel fue detenido en Guatemala y extraditado tras perder un proceso judicial que durante meses lo mantuvo fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
Su captura forma parte de una investigación más amplia sobre las operaciones de Lev Tahor, una secta que durante décadas ha sido acusada de abuso infantil, secuestro, negligencia y explotación sexual, y que ha respondido a las indagatorias con una estrategia constante: moverse de país en país.
#FGR obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Yoel “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas (hipótesis de matrimonios forzados). De acuerdo con las investigaciones, posiblemente forma parte de una… pic.twitter.com/6o8OY4XtWW
— FGR México (@FGRMexico) December 25, 2025
El rastro de Lev Tahor
Fundada en 1988 en Jerusalén, por Shlomo Helbrans, la secta Lev Tahor ha tenido presencia en Israel, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Colombia y México; en cada uno de estos países ha dejado un rastro de denuncias y rescates.
En México, se asentó principalmente en Chiapas, donde estableció campamentos temporales y comunidades cerradas. En 2017, el fundador del grupo murió durante un ritual religioso en la entidad; sin embargo, la organización no se disolvió y continuó operando bajo nuevos liderazgos.
Ahora, la vinculación a proceso de Yoel A. abre una nueva etapa: la del juicio. Para las víctimas, el desafío será la restitución de derechos y la protección frente a un entorno que les negó voz. Para las autoridades, el reto es desmantelar por completo una red que convirtió la fe en herramienta de sometimiento.