El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) tuvo una participación activa durante el mes del orgullo LGBTIQ ya que prestó servicios gratuitos para el acceso a derechos humanos en distintas partes del país, principalmente en las ocho entidades que no reconocen el matrimonio igualitario como parte de sus legislaciones.
Daniel Cruz, asesor jurídico de este Instituto, habló con Once Noticias sobre su trabajo en la defensa de los reclamos de los derechos de la diversidad sexual.
Sabemos que hay una deuda histórica del Estado a través de sus autoridades y ordenamientos legales hacia el reconocimiento de estos derechos. A pesar de que han evolucionado las legislaciones en diferentes entidades, aún tenemos varias que no permiten la celebración matrimonial entre personas del mismo sexo”, expresó el abogado.
Este vínculo jurídico genera una serie de derechos como, los derechos a la adopción, la pensión alimenticia, los derechos hereditarios y de seguridad social que se vulneran al negar el matrimonio.
“Por ejemplo, en los derechos de seguridad social se establecen quiénes serán los beneficiarios del trabajador y por supuesto no encontramos a la pareja del mismo sexo como beneficiario en esa legislación, tampoco el derecho a la pensión por viudez y varios derechos más que se generan a través del matrimonio o el concubinato. Aún falta una construcción muy larga de reconocimiento de derechos, de adaptación de legislaciones, no sólo las civiles, sino también las de seguridad social”, explicó Daniel Cruz.
En el proceso, los abogados del IFDP presentaron una demanda de amparo contra las legislaciones estatales (que no permiten el matrimonio igualitario) para demostrar ante los juzgados federales que esas legislaciones son contrarias a los derechos humanos de las personas y han logrado celebrar matrimonios igualitarios en entidades que lo prohíben.
La comunidad LGBTIQ se enfrenta continuamente a la discriminación, al punto que la única manera para acceder a estos derechos es a través de un proceso jurídico y cuando este tiene costo es una doble carga. Por eso ir el Instituto ofrece sus servicios de manera gratuita.
Cuando nosotros promovemos la demanda de amparo, encontramos una fuerza que se niega a los cambios. A veces teniendo una sentencia favorable por un juzgado de distrito, encontramos que el Congreso, por ejemplo, de Guanajuato interpone un recurso de revisión inconforme con esa sentencia”, lamentó Daniel Cruz.
También explicó que las prácticas discriminatorias del Estado y sus legislaciones podrían ir más allá de los edificios gubernamentales y funcionarios públicos y tomar a la propia sociedad que vulnera los derechos de esta comunidad en una cadena de exclusión social.
“Hemos encontrado colegios que han dado de baja a alumnos por ‘sus comportamientos’ y esa es una violación a los derechos de la diversidad sexual y también a los de la educación y si le sumamos que muchos de los casos son menores de edad, pues se afecta el interés superior del menor. Así nos damos cuenta que en una acción se violan bastantes derechos constitucionales y tratados internaciones”.
A pesar de que las entidades federativas tienen sus propias leyes, estás no deben ser contrarias al marco constitucional y por ende a una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos, “pero encontramos que estos ordenamientos legales, son contrarios a la Constitución y sus herramientas internacionales”, indicó Daniel Cruz.