Este martes fueron liberadas las siete personas que permanecían detenidas tras la manifestación por el derecho al agua potable en Guadalajara y que habían sido trasladadas al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.
La liberación ocurrió después de que se presentaran demandas de amparo contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la policía municipal y otras autoridades que intervinieron en los hechos.
Los recursos fueron promovidos ante el Juzgado Sexto en Materia Penal de Jalisco por las personas detenidas y sus representantes legales, quienes señalaron que fueron víctimas de privación de la libertad e incomunicación.
La notificación sobre las suspensiones concedidas se publicó este martes, debido a que el Poder Judicial decretó la suspensión de labores el lunes con motivo del Día de la Nación Pluricultural.
Las suspensiones de oficio forman parte de los mecanismos de protección judicial previstos para determinados supuestos en los que podrían estar en riesgo derechos fundamentales.
Su concesión no implica, por sí misma, una resolución definitiva sobre la legalidad de las detenciones ni sobre las responsabilidades de las autoridades involucradas.
Denuncias por mala calidad del agua
Cientos de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara denunciaron en días recientes la mala calidad del agua que reciben en sus hogares, al señalar que el líquido presentaba una coloración oscura y un olor desagradable.
A través de redes sociales, las y los habitantes señalaron que en algunos casos el agua sale de color negro, mientras que en otros presenta una tonalidad amarillenta. También reportaron la presencia de sólidos y malos olores.
El pasado domingo 11 de octubre, una manifestación ciudadana para exigir agua de calidad derivó en enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador de la entidad.
Con información de Gilberto Molina.