Ante el resurgimiento de la violencia entre comunidades indígenas, que incluso ya ha cobrado vidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandó al Gobierno de Oaxaca, el establecimiento de medidas preventivas para garantizar los derechos humanos, seguridad, patrimonio y paz social de los habitantes del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Dijo que los hechos ocurridos el 17 y 19 de enero, dejaron un nuevo saldo de varias personas heridas, por lo que se solicita al gobernador Alejandro Murat, a su Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía Estatal y Gobierno Municipal, cumplir con la vigencia del estado de derecho, y privilegiar el diálogo, para restablecer la seguridad y paz en esa localidad.
La CNDH señaló que, si bien es cierto que, a principios de enero de este año, elementos de la policía estatal y de la guardia nacional resguardaron el regreso de familias desplazadas en esa región, días después se retiraron, lo permitió el regreso también del clima de violencia, quedando la población en total estado de indefensión.
El organismo nacional recordó a las autoridades estatales, que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece la responsabilidad de los gobiernos para proteger los derechos de quienes integran las comunidades indígenas.
Cabe recordar que la violencia en esta zona de Oaxaca se remonta a más de 40 años, por la lucha del poder, principalmente entre tres grupos indígenas de la región, que son el movimiento unificador de la lucha triqui, mult; el movimiento unificador de la lucha triqui independiente, multi, y la unión de bienestar social de la región triqui.