En el portal de Aristegui Noticias se difundió la esta noticia, respecto a Magistrada, Elba Sánchez Pozos, que detalla montaje judicial para garantizar el amparo a Kamel Nacif.
Tras la denuncia inicial que se presentó contra la magistrada Selina Haidé Avante Juárez por resolver amparos fuera de las sesiones videograbadas, el grupo de poder al que ella pertenece junto con Carlos Alpízar, tuvo cinco meses para fraguar un montaje en mi contra y así lograr que fuera expulsada del Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, donde ya estaban esperando el caso de Kamel Nacif, afirmó la magistrada Elba Sánchez Pozos.
En entrevista para Aristegui en Vivo para dar su contrarréplica a una carta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Sánchez Pozos agregó que una vez que fue expulsada del citado tribunal, la magistrada Avante Juárez recontrató a una secretaria proyectista, identificada como Graciela Bonilla González, que había renunciado previamente por supuesto acoso laboral.
Agregó que Bonilla González fue parte del montaje armado en su contra por el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Carlos Antonio Alpízar Salazar, y la magistrada Selina Avante, misma que aprovechó su cargo como presidenta del Tribunal Colegiado para nombrar “magistrada en funciones” a esa misma secretaria proyectista.
De esta manera, Avante pudo garantizar que tendría mayoría al momento de votar el amparo en revisión promovido por Kamel Nacif para recuperar su libertad, lo que efectivamente pasó ya que Graciela Bonilla se sumó a la propia magistrada Selina Avante para aprobar el proyecto de sentencia que proponía liberar a Kamel Nacif y cancelar la orden de aprehensión que existía en su contra.
En este marco, advirtió que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el secretario General del Consejo de la Judicatura, Carlos Antonio Alpízar, siempre estuvieron enterados de las denuncias que ella presentó contra Selina Avante, por lo que, si no actuaron en su contra, también son responsables de las actuaciones que ha tenido la magistrada en casos relevantes.
La magistrada Elba Sánchez Pozos también rechazó que su denuncia contra la magistrada Selina Avante hayan iniciado al mismo tiempo o que exista una confrontación entre mujeres, como lo sugiere el comunicado del Consejo de la Judicatura, destacando que pasaron cinco meses entre la denuncia inicial que ella presentó en abril del 2019 y la primera queja que la magistrada Avante y su personal interpusieron en contra suya hasta septiembre de ese mismo año.
Recordó que, en su caso, existía una resolución de 1,800 páginas emitida por la Visitaduría Judicial en la que se concluían anomalías y posibles hechos delictivos en la operación del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, atribuibles a la magistrada Selina Avante y a otros funcionarios del órgano jurisdiccional, por lo que no se trataba de un problema personal sino institucional.
Lamentó que bajo el mando y las órdenes directas de Carlos Alpízar, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del Consejo de la Judicatura Federal actúe de modo diferenciado, ya que mientras ella fue cambiada de adscripción y enviada a un tribunal en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente suspendida por un año; a Selina Avante Juárez no la han tocado dentro de la institución y solo fue removida del tribunal en Cancún, cuando la periodista Lydia Cacho denunció presunta corrupción para liberar a Kamel Nacif, empresario que participó en un complot para lograr su detención y posterior tortura, por exponer las redes de pederastia que operan en México.
En una carta aclaratoria enviada a Aristegui Noticias para responder a los señalamientos que hizo la magistrada Sánchez Pozos, el Consejo de la Judicatura dijo que, de las 16 quejas presentadas contra la impartidora de justicia, solo una se mantiene abierta, mientras que el resto ya fueron cerradas de manera definitiva.
Se reitera que no ha existido ni existirá jamás un uso de los procedimientos e instituciones para menoscabar los derechos de la magistrada Sánchez Pozos ni de ninguna otra persona servidora pública del PJF.
No obstante, la magistrada consideró que se trata de una información inexacta, ya que se acumularon varios expedientes en uno solo, por lo que siguen abiertos los procedimientos internos para tratar de sancionarla.
Además, dijo que con la reforma judicial impulsada por el ministro Zaldívar, la UGIRA si quedó bajo el mando material de Carlos Alpízar, por lo que tampoco es cierto que su autonomía sea 100 por ciento efectiva como sostiene el CJF.