La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (JUFED), afirmó que el juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, actuó apegado a derecho en la no vinculación a proceso de un presunto secuestrador de 31 migrantes.
Lo anterior, aseveró la JUFED, debido a que la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) nunca acreditó sus imputaciones de residencia ni de delincuencia organizada contra los detenidos.
Al expresar su respaldo al impartidor de justicia contra la demanda de juicio político presentada en la Cámara de Diputados por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores puntualizó que además la Segob no puede utilizar el juicio político, para proceder contra el juez.
Precisa que la solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno, para controlar o acechar al Poder Judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras.
En su posicionamiento, la JUFED detalló que, durante las diligencias, la replantación de la FGR no presentó ni en tiempo ni forma, con los requisitos que prevé el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se dictó el auto de no vinculación a proceso, en favor del imputado.
Posicionamiento del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, a comunicado de la Secretaría de Gobernación.#BoletínInformativo #JUFED pic.twitter.com/tPlVCEinL7
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) January 31, 2024
El único indicio encontrado en el domicilio cateado, revela la asociación, fue la licencia de conducir, que resultó ser apócrifa.
Es inexacta la información de la Segob, dice, al señalar actos relacionados con delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, cohecho y vínculo al reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas.
Ello, en razón de que la formulación de imputación de la FGR se encuadró a los ilícitos encontrados en el inmueble cateado, con el aseguramiento de dos armas largas y 257.8 gramos de clorhidrato de cocaína.
Como se recordará, este martes, la Secretaría de Gobernación presentó en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el juez Crescencio Contreras, por presuntamente favorecer a grupos criminales, relacionados con la desaparición de 31 personas migrantes en Tamaulipas.
⭕#GobernaciónInforma | @GobiernoMX solicita juicio político en contra de juez federal por probables actuaciones ilegales que han favorecido a grupos criminales.
— Gobernación (@SEGOB_mx) January 30, 2024
• Las cuestionables resoluciones del juez Crescencio Contreras Martínez fomentan la impunidad y niegan el derecho a… pic.twitter.com/9qSXXj7oZO
En su demanda, la Segob acusa al juez especializado de haber liberado a los principales acusados por el secuestro de los 31 migrantes mencionados, el pasado 30 de diciembre en Tamaulipas.
Según el Gobierno Federal, los presuntos delincuentes liberados están vinculados a otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y cohecho.
Gobierno de México pide juicio político contra juez Crescencio Contreras